Silla Rota | Pachuca.- La presidenta municipal de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán, consideró impagable la deuda cercana a los 27 millones de pesos que heredó la administración del priísta Eleazar García Sánchez por incumplir el pago de prestaciones y salarios caídos a 30 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad que fueron detenidos en un operativo de la Policía Federal en 2009 por presuntos vínculos con el crimen organizado, pero absueltos tras cinco años de reclusión por falta de elementos para acreditar el delito.

El 2 de julio de 2015 el Tribunal Fiscal y Administrativo del Estado de Hidalgo (TFAEH) condenó al entonces edil y al secretario del área en la que estaban adscritos los agentes que fueron detenidos durante el periodo en el que José Francisco Olvera Ruiz, a la postre gobernador de Hidalgo, estuvo al frente de la alcaldía, para que pagaran salarios desde septiembre de 2009, prestaciones relativas a la compensación o bono Subsemun, servicio médico, despensa, aguinaldo, vacaciones y prima vacacional.

Sin embargo, García Sánchez no cumplió con el ordenamiento, lo que propició que el monto, que está obligado a erogar el municipio, siguiera en aumento. Por cada expolicía, reconoció Tellería Beltrán, el ayuntamiento adeuda entre 800 mil y 900 mil pesos.

“Es muy grave la parte de los policías. Es una gran cantidad, son millones de pesos que no tenemos la posibilidad de cubrirlos; entonces, estamos en esa parte de renegociación con los afectados para ver a qué acuerdo podemos llegar para resarcir el daño”, dijo la alcaldesa en entrevista con La Silla Rota, que posee copias de dos juicios ganados que corresponden a los expedientes 315/14 de la primera sala del Tribunal Fiscal y Administrativo y 220/14 de la segunda sala, en los que el Tribunal ordena también la reincorporación de los exreclusos a la Secretaría de Seguridad.

No obstante, la titular del ayuntamiento advirtió que no pueden recontratarlos porque el reglamento interno pide que no tengan antecedentes penales (que no han sido borrados, pese a la absolución) y que hayan aprobado un examen de control de confianza.

“Ahí estamos chocando, pero estamos viendo con ellos la posibilidad de negociar lo económico. Es una carga bastante fuerte para el municipio, por ello buscamos un acuerdo”, insistió.

Aunque el juez mandata el pago de entre 800 mil y 900 mil pesos por expolicía, la presidenta mencionó que no pueden pagar esa cantidad, por lo que buscan que ellos acepten una aportación “menor”, que no reveló, y la liquidación en pagos.

“Si ellos nos exigen lo que por ley merecen, no lo podemos cumplir; entonces, por eso estamos haciendo una negociación”, reiteró.

Previo al cambio de poderes, el abogado Faustino David Aboites, a cargo de la defensa de quienes fueron acusados de brindar protección al grupo delictivo Los Zetas en el periodo de Francisco Olvera, advirtió que si el ayuntamiento no liquida el adeudo pueden solicitar un embargo.

Según el litigante, el juez que falló a su favor ponderó que la administración de Olvera, quien pidió licencia para ser candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura, no respetó el derecho de los acusados a ser “oídos y vencidos en juicio”, pues, cuando fueron detenidos sin orden de aprehensión (con imputaciones de testigos protegidos que después serían desechadas) no fueron separados legalmente de su cargo, con un procedimiento iniciado en la Comisión de Honor y Justicia.

Asimismo, el ayuntamiento no respetó la presunción de inocencia y, sin que se hubiese acreditado el delito, los juzgó culpables y procedió con un despido ilegal.