Omaha, Nebraska.- Una pequeña empresa de reciente creación en Nebraska, a la que se le adjudicó el primer proyecto de construcción del muro fronterizo bajo el Gobierno de Donald Trump, es una ramificación de una constructora que durante una auditoría gubernamental fue acusada de prácticas de facturación sospechosas.

SWF Constructors enumera a un solo empleado en su oficina de Omaha, aun así, ganó en noviembre un contrato federal de 11 millones de dólares para reemplazar más de 3 kilómetros de muro fronterizo en California.

El propietario de SWF Constructors es Coastal Environmental Group, una empresa con sede en Edge-wood, Nueva York.

No queda claro por qué SWF fue incluida en la contienda para la licitación por el contrato del muro en lugar de Coastal Environmental Group, una empresa con sede en Edgewood, Nueva York, que en documentos en internet del Gobierno aparece como su propietaria.

Thomas Anderson, un abogado de Omaha que en un principio representaba a un subcontratista que demandó a Coastal en 2011 por falta de pago, comentó que no le sorprendería que se tratara de un intento de la compañía de esquivar el escrutinio de las autoridades por sus problemas legales anteriores; agregó que tales prácticas son relativamente comunes en los proyectos de construcción.

“Si uno levanta un poco de polvo en el camino, hace que el camino sea más difícil de rastrear”, indicó Anderson.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército en Fort Worth, Texas, también se postuló para el proyecto del muro en Calexico, de acuerdo con los registros federales, la agencia señaló que para el jueves por la noche proporcionaría información sobre el proceso usado para verificar a SWF.

No respondió a una llamada de seguimiento realizada el viernes en busca de información.

En 2011, el Gobierno federal demandó a Coastal a nombre del cliente de Anderson como parte de un proyecto multimillonario de limpieza de plomo en un sitio en el noreste de Omaha, enlistado en el programa EPA Superfund de limpieza de lugares muy contaminados.

En la demanda se acusó a Coastal de no pagar al subcontratista, Enviroworks Inc., cerca de 400 mil dólares en costos de trabajo y equipo, y de incumplir un acuerdo de participación en las utilidades que le debía generar al subcontratista aproximadamente 1.7 millones de dólares.

Los abogados del gobierno afirman que, como Coastal se negó a pagar, el subcontratista se vio obligado a despedir a la mayoría de sus empleados.