Ciudad de México.- En el combate al huachicol, Pemex se queda corto, pues posee una tecnología de detección de robo de combustible obsoleta e incompleta, ductos viejos y una estrategia de reparar una y otra vez los piquetes, advirtió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

“ (Pemex) debe incrementar su efectividad en las acciones hasta el momento realizadas para disminuir las tomas clandestinas; los ductos se encuentran en mal estado de mantenimiento, y la tecnología de detección es obsoleta e incompleta. Bajo esta lógica, existe un estado irregular en las actividades de transporte y almacenamiento (de combustible), así como un incumplimiento de sus deberes”, señaló el organismo en un informe, a más de seis años de la explosión de un ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo.

“ Pemex tiene pleno conocimiento del incremento exponencial de las tomas clandestinas y conoce a detalle los riesgos e impactos que conlleva el manejo inadecuado de los hidrocarburos, así como las implicaciones para la población aledaña a los ductos.

“ Sin embargo, su actividad se ha enfocado en clausurar las tomas detectadas y ha omitido adoptar las medidas necesarias, razonables y efectivas para abordar el grave problema de la extracción ilegal de hidrocarburos, lo que evidencia una indiscutible falta de debida diligencia”.

Más allá de cumplir con la normatividad en materia de hidrocarburos, Pemex debe tener una disposición real y efectiva para hacer justiciable el derecho humano a la protección del medio ambiente y sus recursos naturales, por lo que debe emitir de manera conjunta con las autoridades protocolos de actuación donde se contemplen campañas de difusión en medios masivos de comunicación que adviertan a la población acerca del riesgo y las letalidad del manejo inadecuado del hidrocarburo, recomendó la Comisión.

También debe difundir programas de capacitación a servidores públicos municipales y debe adoptar por separado o de manera coordinada un procedimiento que contemple la gestión de incidentes mayores y la presencia masiva de personas.

El informe recordó los hechos del incendio de grandes dimensiones en Tlahuelilpan, derivado de una toma clandestina, que tuvo como resultado el deceso de 138 personas por quemaduras, incluyendo 13 adolescentes y 10 mujeres, así como 13 personas lesionadas.

El 18 de enero, unos pobladores encontraron una fuente de combustible en una parcela cercana al pueblo y avisaron por mensaje a sus vecinos sobre la disponibilidad de gasolina.

Más de 400 personas se congregaron para recolectar el hidrocarburo, ante una autoridad imposibilitada para actuar.

Hasta ahora, subrayó la CNDH, esa población no cuenta con el apoyo de las autoridades de los tres niveles de Gobierno.

“ En el aspecto ambiental, se evidenció el daño provocado y se destaca que, a más de seis años después de los acontecimientos, ni el Gobierno federal, Estatal ni Municipal se ha acercado a la comunidad o a las familias para consultarlas o presentarles acciones para la recuperación del suelo, incumpliendo la obligación del Estado mexicano de prevenir y mitigar la degradación ambiental”, advirtió.

“ En las relatadas condiciones, resulta evidente la necesidad de una capacitación constante y permanente para el personal de Pemex en lo relativo al manejo de hidrocarburos, actualizar los procedimientos, estudios e instrumentos que mejoren la seguridad de los procesos que lleva a cabo, y de manera primordial en coordinación con la ASEA, la Semarnat, el Gobierno del Estado de Hidalgo y el Ayuntamiento de Tlahuelilpan, elabore de manera conjunta un programa de remediación de la zona”, sugirió.

Entre otras cosas, la CNDH, encabezada por Rosario Piedra Ibarra, llamó a las autoridades a elaborar de manera conjunta y coordinada, un programa de remediación ambiental en la zona afectada en Tlahuelilpan, con la participación de la comunidad y las personas afectadas.

“ Diseñar y difundir, de manera coordinada y conjunta en la localidad y municipios con mayor incidencia en la extracción ilegal de combustible, una campaña para sensibilizar a la población respecto del riesgo que presenta esta actividad, así como realizar jornadas de legalidad y cultura cívica”, indicó.