Ciudad de México.– La diputada Olga Sánchez Cordero advirtió que la reforma a la Ley de Amparo representa un retroceso, al limitar los derechos de acceso a la justicia. Señaló que la nueva redacción afectará las acciones colectivas impulsadas por comunidades indígenas, personas LGBTIQ+, consumidores, ambientalistas y jubilados, al exigirles probar un daño directo para obtener protección judicial.

Destacó que con los cambios propuestos ya no será posible interponer el recurso de revocación ante el SAT ni el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, eliminando también la opción del pago en garantía como vía de defensa. Esto concentraría todos los casos en el juicio de amparo, reduciendo las alternativas legales de los contribuyentes.

Sánchez Cordero recordó que antes de 2011 la ley imponía requisitos rígidos para conceder el amparo, los cuales fueron sustituidos por un método de ponderación entre el interés social y el orden público. Sin embargo, los artículos 138 y 141 reformados retoman el esquema anterior, lo que —advirtió— podría convertir al quejoso en un “mero espectador” del proceso judicial.

Además, cuestionó que la obligatoriedad del uso de la firma electrónica avanzada ignore la falta de conectividad en comunidades rurales, por lo que propuso una implementación gradual del juicio en línea para garantizar un acceso equitativo a la justicia.