Ciudad de México.- La Oficina para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) enfrenta una crisis de credibilidad tras la divulgación de miles de documentos secretos en 2024 que exponen una cultura de corrupción interna.

Los archivos, analizados por The Associated Press (AP), detallan cómo agentes de la agencia estadounidense transformaron operaciones antinarcóticos en una red global de lujos, alcohol y abusos, en países donde la DEA tiene presencia.

Según la investigación, entre los casos más emblemáticos se encuentra el del exagente José Irizarry, condenado a 12 años de prisión en 2020.

Irizarry confesó al FBI que trabajó con cárteles colombianos para lavar dinero y robó millones en bienes confiscados y pagos a informantes, los cuales destinó a fiestas, cenas lujosas y trabajadoras sexuales en varios países.

En entrevistas con AP, el exfuncionario afirmó que varios colegas —incluyendo agentes federales, fiscales e informantes— participaron en su esquema, al que llamaban Equipo América.

“ Tuvimos acceso libre a hacer todo lo que queríamos”, admitió.

Irizarry justificó sus actos al afirmar que la guerra antinarcóticos era “una farsa” y “un juego” que sabían que no podían ganar.

“ No puedes ganar una guerra no ganable. La DEA sabe eso y los agentes también… Sabemos que no estamos haciendo una diferencia”, declaró, según reportaron los corresponsales David Brooks y Jim Cason en su artículo.

Complicidad con el Cártel Jalisco Nueva Generación

Otro caso de alto perfil es el del exagente Paul Campo, de 61 años, quien se retiró de la DEA en 2016 tras 25 años de servicio.

Campo fue acusado de asociación delictuosa para lavar millones de dólares y obtener armas de fuego y explosivos para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), designado por Washington como organización terrorista extranjera. Junto a su asociado Robert Sensi, de 75 años, enfrenta cuatro cargos federales por presunto narcoterrorismo, distribución de narcóticos y lavado de dinero.

La acusación señala que ambos acordaron lavar alrededor de 12 millones de dólares para el CJNG y convirtieron 750 mil dólares en efectivo a criptomoneda. También proporcionaron un pago por aproximadamente 220 kilogramos de cocaína que, según aseguraron, se distribuiría en Estados Unidos por cerca de 5 millones de dólares, de los cuales obtendrían una parte de las ganancias. Además, se ofrecieron a facilitar la compra de drones comerciales y armas de grado militar para el cártel.

Fiestas y abusos con fondos públicos

Los documentos también revelan conversaciones de WhatsApp entre agentes que bromeaban sobre una “gira mundial de libertinaje” a costa del gobierno y los contribuyentes, intercambiando imágenes de conquistas sexuales y haciendo comentarios sobre “violación anal forzada”. Uno de los participantes en el chat fue acusado de ese mismo delito en España.

En 2018, la detención de George Zoumberos, acusado de obligar a una mujer de 23 años a tener sexo anal en un hotel de Madrid, generó alarma en los altos mandos de la DEA. El caso concluyó con la desestimación de los cargos y una amonestación al agente.

En otro incidente, fiscales federales acusaron al abogado David Macey de orquestar un soborno a dos exsupervisores de la DEA a cambio de información confidencial que ponía en riesgo casos e investigadores. Asimismo, Joseph Bongiovanni, quien usó su placa de la DEA para proteger a amigos narcotraficantes en Nueva York, fue sentenciado a cinco años de prisión.

En 2015, CBS News reportó que varios agentes de la DEA participaron en “fiestas sexuales con prostitutas” pagadas por miembros de cárteles colombianos.

La Oficina de Responsabilidad Profesional de la DEA supo, a través de la policía colombiana, que varios elementos solicitaron servicios sexuales y cometieron otras faltas de conducta. De los 10 agentes acusados, siete admitieron los señalamientos y fueron suspendidos por periodos de entre dos y 10 días; uno fue absuelto.

Acusaciones contra Nicolás Maduro

Bajo este contexto de corrupción interna, el juez federal en Nueva York Alvin K. Hellerstein acusó a principios de enero de 2026, sin presentar pruebas, al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas. El mandatario fue secuestrado el 3 de enero en una operación ilegal del Pentágono contra Caracas.

Con información de AP