Ciudad de México.– Debido a un lado presunto cateo no autorizado en un domicilio donde cortaron la electricidad, sustrajeron una camioneta y detuvieron a una mujer en Cuautitlán Izcalli, dos elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) son investigados por la posible violación a los derechos humanos de la víctima.

De acuerdo con la recomendación 02/2023 emitida por la Codhem, el pasado 8 de febrero de de 2022, dos elementos de la Policía de Investigación irrumpieron en el domicilio de una mujer que vivía con su hijo menor de edad en un domicilio de Cuautitlán Izcalli.

Los agentes rompieron la malla ciclónica de la propiedad y cortaron los cabeza de luz para que las cámaras de seguridad no pudieran grabar el momento.

Luego de ingresar al inmueble aparentemente sin una orden de cateo, los policías extrajeron una camioneta que presuntamente tenía un reporte de robo y la mujer fue trasladada al Ministerio Público.

La mujer quedó en libertad e intentó denunciar a los policías en la sede de la FGJEM en Naucalpan, pero su denuncia no fue atendida bajo el argumento de que no había sistema para ingresar la denuncia.

La víctima denunció en la Ciudad de México, pero al ser remitida la denuncia a las autoridades mexiquenses se confirmó que el vehículo tenía reporte de robo con fecha del 12 de diciembre de 2021.

Si bien la unidad tenía reporte de robo no se pudo comprobar la responsabilidad de la mujer que tenía el vehículo, tal es el caso que ella fue liberada en el Ministerio Público, por lo que la actuación de los agentes no habría sido la correcta.

En ese sentido, se determinó que los agentes de la Fiscalía no justificaron la razón para inhabilitar las cámaras de videovigilancia del domicilio, ni ingresar al domicilio para sustraer el auto sin una orden de cateo fundamentada y motivada.

De ahí que se hizo un exhorto a la Fiscalía Regional de Cuautitlán Izcalli para que ofrezcan una disculpa institucional por parte del fiscal regional.

También piden efectuar un diagnóstico psicológico a la víctima y su familia, por si es necesario brindarles atención especializada, así como gestionar ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México asesoría jurídica a la víctima.

Finalmente se solicita que los agentes sean investigados por el Órgano Interno de Control de la FGJEM para determinar la probable responsabilidad en su actuar y se determinen sanciones correspondientes.

Con información de Milenio.