Morelia, Mich.- En la integración de los 46 gobiernos autónomos indígenas de Michoacán, ha habido avances, proyectos no concluidos y obstáculos por la mayoría de las autoridades municipales, que se resisten a entregar el presupuesto directo a las autoridades electas por el principio de usos y costumbres, y que se han resuelto o están en proceso en tribunales.

Así lo señaló el coordinador del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), Pavel Guzmán, luego de comentar que en la tenencia de Jarácuaro, municipio de Erongarícuaro, desde hace dos años el alcalde de esta demarcación recurrió a tribunales estatales y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para ampararse, porque consideró ilegal entregar recursos de este ayuntamiento al autogobierno indígena.

“ Cambiaron las autoridades de Erongarícuaro y el problema continúa, incluso, en este mismo municipio, pero en la pequeña comunidad de Uricho, el ayuntamiento recurrió a la agresión para impedir que se llevara a cabo la consulta a través de la asamblea general que definiría si la mayoría del pueblo optaba por un autogobierno o no”, apuntó el dirigente indígena. 

El motivo principal de las autoridades municipales de obstaculizar a las comunidades que pretenden su autogobierno se debe, en el caso de Jarácuaro, es que, de acuerdo al número de habitantes, obtendría el 20 por ciento del presupuesto municipal, mientras que Uricho recibiría el 18 por ciento, lo que significa para las autoridades municipales perder este ingreso municipal, tan solo de estas dos comunidades, representa el 38 por ciento de su presupuesto.

Pavel Guzmán dijo que hay ayuntamientos que han sido respetuosos de las pequeñas comunidades indígenas purépechas, nahuas, mazahuas que decidieron por un autogobierno, como Los Reyes con San Benito; Pátzcuaro con Janitzio y Urandén, así como Uruapan en Jucutacato y Santa Ana Zirosto; pero municipios como Erongarícuaro, Zitácuaro e Hidalgo han obstaculizado y colocado “piedras en el camino”, subrayó.

En cuanto a los pendientes que hay con el gobierno estatal dijo que es urgente que se instales bases de operaciones institucionales porque la inseguridad sigue en ascenso, de ahí que se necesita una en la región de lacustre de Pátzcuaro, en la comunidad de Santa Fe de la Laguna; Meseta Purépecha, en la comunidad de Sevina; Cañada de los Once Pueblos; Ciénega de Zacapu y en San Miguel del Monte al sur de Morelia en la zona Matlazinca.

Dijo que falta obra pública en comunidades que no tienen autogobierno, incluso en las comunidades que cuentan con autonomía es necesario que se acelere el proceso de certificación, entrega de arnas y capacitación a las guardias comunitarias, porque tardan hasta dos años en este proceso. Y otro pendiente es que cada pueblo con autogobierno cuente con un especialista, un médico general y una enfermera.

Sobre el tema, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que las comunidades indígenas son tratadas por igual. “Firmamos convenio con la presidenta Claudia Sheinbaum en el que acordamos que el 10 por ciento del presupuesto del estado va a pueblos originarios”.

Dijo que se brinda apoyo a las 360 comunidades indígenas para obra pública, “y nos coordinamos con todas en materia de seguridad, y lo único que puede diferenciar a una comunidad que cuenta con autogobierno a una que no, es que para tener guardia comunitaria necesita estar bajo el régimen de autogobierno, así lo establecen los sistemas nacional y estatal de seguridad, pero se atiende a todas las comunidades, se dialoga con todas las comunidades, no hay preferencia, se trabaja con todas las comunidades por igual en los 113 municipios”.