Ciudad de México.- Expertos en el sector energético advirtieron que la reforma a la Ley de Hidrocarburos propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador abre la puerta para la “expropiación indirecta” y aumenta la discrecionalidad en los procesos para revocar permisos en materia de petrolíferos.

Durante la mesa de diálogo convocada por la Cámara de Diputados para analizar la iniciativa presidencial, consideraron positivo que el objetivo de ésta sea combatir el robo de hidrocarburos y revocar los permisos cuando se compruebe la obtención de hidrocarburos de manera ilegal. No obstante, manifestaron preocupación ante los mecanismos planteados para lograrlo.

La experta Rosanety Barrios afirmó que gran parte de los mecanismos que plantea la propuesta ya existen y pueden se aplicados sin necesidad de modificar la ley.

Explicó que actualmente los permisos son otorgados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), institución que también tiene la facultad de revocarlos si se comprueba que las empresas que participan en la producción, procesamiento, almacenamiento, transporte, expendio e importación de hidrocarburos incumplen con las normas establecidas.

“ La revocación ya existe, pregúntenle a la CRE por qué no la implementa”, cuestionó.

Agregó que la capacidad de almacenamiento ya está considerada como un requisito para el otorgamiento de los permisos, porque actualmente los interesados en tramitar uno deben comprometerse ante la CRE a desarrollar la infraestructura necesaria, ya que ninguna empresa invierte en este rubro antes de obtener el aval.

La especialista advirtió que si bien la iniciativa no toca los contratos petroleros, sí toca actividades conectadas con éstos, como el transporte de petróleo y gas natural, lo que aumenta la incertidumbre en tareas como exploración y producción.

El constitucionalista Raúl Pérez Johnston afirmó que la iniciativa tiene indicios de inconstitucionalidad, por lo que llamó a las y los diputados ser cuidadosos para que no corra la misma suerte que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.

Explicó que la propuesta podría implicar la aplicación retroactiva de la revocación de los permisos, ya que los artículos cuatro y seis transitorios establecen que la autoridad procederá a esta medida cuando los titulares estén en incumplimiento de los nuevos requisitos de almacenamiento.

El representante de la Barra Mexicana Colegio de Abogados advirtió que la reforma también abre la puerta a la “expropiación indirecta” al plantear la figura de la suspensión temporal, lo que sería violatorio de acuerdos comerciales como el T-MEC y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que aún tiene vigencia de dos años.

“ Estas formas de intervención temporal en el patrimonio de los inversionistas puede generar una forma de expropiación indirecta que, si no es resarcida, podría generar responsabilidad del Estado mexicano y violaciones a derechos constitucionales”, expuso.

Pérez Johnston detalló que la expropiación indirecta es un concepto desarrollado sobre todo en tratados internacionales de protección recíproca de inversiones y es definida como aquella que afecta la inversión aunque formalmente no se prive de la propiedad de la misma.

Se dijo preocupado también por la propuesta de establecer un régimen de negativa ficta, según el cual transcurridos 90 días desde la solicitud de los permisos, la falta de respuesta de la autoridad debe ser interpretada como una negativa.

Sostuvo que éste favorece la ineficiencia administrativa, porque sería producto de la inacción de las autoridades.

Abril Moreno, consultora en asuntos energéticos, consideró que la propuesta presidencial aumenta la discrecionalidad y con ello la corrupción.

Como ejemplo, detalló que ésta plantea la suspensión de permisos cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional y para la economía nacional. No obstante, señaló que instituciones como la Secretaría de Energía o la CRE carecen de facultades para determinar cuándo tienen lugar estas situaciones.

Además, dijo, la iniciativa no señala cuál será la temporalidad de la suspensión, por lo que quedará a discrecionalidad de la autoridades, y tampoco garantiza el derecho de audiencia del afectado con esta medida.

“ Esta iniciativa de ley abre la puerta a la discrecionalidad, señores. Si combatir la corrupción y el compadrazgo es el objetivo de la ley, tenemos que hacerlo en el marco constitucional, para minimizar la discrecionalidad”, sostuvo.

César Humberto Cadena, quien durante más de 30 años se ha dedicado a la venta de combustible en México, reconoció que entre los empresarios del sector hay temor porque la ocupación, intervención y suspensión temporales son medidas discrecionales.

El ingeniero químico dijo que no piden que se les exente de la aplicación de la ley, pero sí que en ésta se establezca que las medidas antes mencionadas serán aplicadas una vez que se cumpla el procedimiento dispuesto en el marco jurídico.

Nicolás Domínguez, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, aseguró que no existen indicios de expropiación en la iniciativa presidencial, ya que la ocupación temporal fue aprobada en 2014 y la propuesta solo agrega la suspensión temporal.

“ No existe indicio de expropiación, si la ocupación temporal implicara expropiación, los legisladores de 2014 no la hubieran aprobado”, sostuvo.

Calificó como positivo que en los permisos se establezca como requisito contar con el almacenamiento requerido, ya que con ello se favorece la seguridad energética.

El especialista aseguró que la reforma es necesaria y urgente, aun cuando sólo se trata de una actualización y armonización en relación con los permisos y no un cambio de paradigma en el sector energético.