Los padecimientos siquiátricos comenzaron de manera repentina a causar estragos en la vida productiva de muchos hombres y mujeres en México, y también más allá de las fronteras, tras la aparición de la contingencia sanitaria. Sin duda, las estadísticas sobre crisis mentales durante y después de la pandemia fueron muy superiores a las anteriores, lo que obligó al confinamiento familiar, por ello, las autoridades federales sanitarias se enfrentan al desafío de aumentar el presupuesto destinado a cuidados siquiátricos en el corto y mediano plazo, pero ante un horizonte restrictivo en la administración de los recursos, al menos hasta el final del sexenio en el que seguramente prevalecerá la austeridad republicana, que ha sido característica en el mandato del presidente López Obrador (2018-2024).

La atención siquiátrica, a diferencia de otras especialidades médicas, demanda más recursos, no solamente monetarios, sino en tiempo (lo que tarda el paciente en restablecerse y el invertido por sus familias en sus cuidados). Sus costos económicos se elevan porque el médico especialista trata más con trastornos que con enfermedades. A pesar de que el Dr. E. Kraepelin (1856-1926) ordenó y sistematizó los padecimientos mentales en grupos (sicóticos, alimenticios, estado de ánimo, obsesivos, neurocognitivos y neurodesarrollo), trabajo que sin duda ha ayudado al médico tratante en sus apreciaciones diagnósticas, por lo general el desorden mental no tiene una causa específica  o única, pues intervienen desde factores emocionales hasta fisiológicos y ambientales.

Las causas multifactoriales y la complejidad de la estructura cerebral hacen que el paciente asista más de una vez al consultorio, mientras se observa su comportamiento ante el medicamento recetado y la terapia recomendada. No obstante, este periodo de atención representa gastos, tanto para el enfermo o sus familiares, como también para el erario federal en el caso que acuda a instituciones de salud pública. De acuerdo con datos oficiales, 15 millones de residentes en México padecieron en 2018 algún tipo de trastorno mental, entre los cuales, los más recurrentes fueron la depresión y la ansiedad (Fuente: https://ciep.mx) 2.).

Los trastornos mentales incrementan los años de vida sana, que se desaprovechan productivamente por incapacidades laborales. En el más reciente Censo de Población y Vivienda, de 2020, la prevalencia de discapacidad representó 5.6% de la población total, es decir, 7.1 millones de personas con alguna limitación en su desarrollo cognitivo o somático; pero si de esta cifra se excluyen aquellas que padecieron solamente incapacidad física, resulta que la población que tuvo problemas mentales aparejados con restricciones de otro tipo, ascendió a un millón 590 mil 583 discapacitados, los cuales en muchos de los casos representaron miles de horas-hombre, que se perdieron en detrimento de la generación de actividades productivas. Las estadísticas anteriores son susceptibles de incrementarse en el mediano plazo, porque la segunda causa de incapacidad laboral definitiva en el país se debe a trastornos en el estado de ánimo.

Para paliar esa situación, el Gobierno federal ha formulado políticas públicas encaminadas a la prevención y atención de los malestares siquiátricos, particularmente, de niños y adultos mayores, aunque se puede decir con certeza que los presupuestos destinados a la salud mental han sido insuficientes para cubrir la creciente demanda de servicios, particularmente aquellos dirigidos a la prevención.

Del total del presupuesto de la Secretaría de Salud, solo 2.1% ha sido dedicado a la Siquiatría; esa tasa ha prevalecido desde 2013 y más de 80% de tales recursos se canaliza al pago de nómina del personal que labora en centros hospitalarios, así como al mantenimiento de los centros crónicos. Para poner en perspectiva ese porcentaje -y poder referenciarlo-, los países industrializados en promedio gastan o invierten 5.1% del total de su presupuesto de salud en atención psiquiátrica, más del doble de lo que ejerce nuestro país.

Para la elaboración de este artículo se consideró la opinión del Dr. J. Suárez, egresado del IPN en 2012.