Saltillo, Coah.-  La promoción masiva de amparos en contra del “Plan B” electoral y las reformas a la Ley General de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades Administrativas es un recurso legal viable para ejercer presión en contra del Ejecutivo federal, aseguró el abogado coahuilense Jorge Garza, autor de la controversia constitucional que el Ayuntamiento de Monclova presentó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para echar abajo las medidas.

Ante el llamado de la organización Uniendo Caminos México, para que cientos de ciudadanos puedan tramitar amparos al respecto, el abogado coahuilense Jorge Garza, consideró que todo abona al propósito de obtener un fallo favorable de la Corte.

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Nosotros esperamos que el decreto se venga abajo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea autónoma en su decisión, como un poder autónomo del Ejecutivo, que resuelva conforme a derecho con los análisis que se han representado en la demanda.

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Yo creo, con base al estudio, que sí hay un claro agravio a la Constitución y creo que va a resolver a favor”, consideró.

La organización Uniendo Caminos México dijo que representará a cientos de ciudadanos con la intención de ampararse; lo hará de manera gratuita y solo se deberán cubrir 600 pesos, por costos de papelería y
trámites.

La intención es que cuando el Ejecutivo federal publique la reforma, miles de ciudadanos estén listos para interponer sus recursos al día siguiente.

El abogado de la organización, Joan Ochoa, informó que son tres despachos: Firma Jurídica, AC & AC y Tojil Eek, con 26 abogados, los que diseñarán los amparos grupales. Los despachos tendrán abogados enlace en los estados para que los ciudadanos no se trasladen hasta la Ciudad de México.

No es la primera ocasión en que Uniendo Caminos México tramita amparos de forma masiva y en los últimos meses logró fallos favorables, desde la dotación de medicamentos para hemodiálisis en hospitales públicos, hasta frenar, temporalmente, la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional  (Sedena).

Esta semana abrió chats grupales a los que se han unido cientos de personas interesadas en interponer un amparo, o por curiosidad del proceso legal.

En el caso de Coahuila, el Ayuntamiento de Monclova fue el segundo del plano nacional, y el primero del estado en promover la controversia constitucional, en contra de las violaciones a los artículos 115 y sexto constitucional, respecto a la soberanía de estados y municipios, y la libertad de expresión, recordó Jorge Garza.

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No es un tema de manejar a los medios, es un tema de servicio. La cuestión de los medios de comunicación es un servicio que dan a las entidades públicas y nos pega a los municipios y obviamente al Estado”, señaló.

Dijo que entre más juicios de amparo se tramiten, más será la presión para el Ejecutivo federal, autor de las reformas.

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Es un acto de presión, en cierta forma al Presidente de la República, para que se venga abajo el decreto”, expuso.

Los pasos en Coahuila

–27 de enero. En esta fecha, en estrados electrónicos y en físico, el 31 del mismo mes, el Ayuntamiento de Monclova impugnó el decreto presidencial del 27 de diciembre con un juicio de controversia constitucional ante la SCJN. El Alcalde, Mario Alberto Dávila Delgado, dijo que se recurrió a la demanda, por violentar la Constitución y la autonomía municipal.

–2 de febrero. El Ayuntamiento de Torreón promovió ante la SCJN una controversia constitucional en contra de la Ley General de Comunicación Social. De acuerdo con el alcalde Román Alberto Cepeda, el propósito es echar abajo la reforma porque atenta contra la autonomía municipal y restringe la capacidad de organización del Gobierno, con lo cual se violenta el contenido del Artículo 115 constitucional.

–3 de febrero. El Gobierno de Coahuila presentó demanda de controversia constitucional ante la SCJN en contra del llamado “Plan B” electoral y la Ley General de Comunicación Social. De acuerdo con el titular de la consejería jurídica del Gobierno estatal, Valeriano Valdés Cabello, se busca fijar la postura en contra de las obligaciones que establece esta reforma y la importancia de comunicar sobre seguridad, economía, bienestar social y prevención.

–3 de febrero. El Ayuntamiento de Saltillo presentó un juicio de controversia constitucional contra el “Plan B” y el Artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social, la cual, a juicio del secretario del Ayuntamiento, Carlos Estrada, atenta contra la libertad hacendaria de los municipios para ejercer la libre administración de sus recursos, e invade la autonomía.