Los gobiernos supeditan las prioridades sociales a las agendas políticas de sus líderes y al interés de las élites. El bien común pasa a un segundo o tercer término. La verdad tampoco les importa. Para evadirla, la ocultan y maquillan… hasta que las víctimas supervivientes y sus familias rompen el cerco de miedo, se organizan y actúan. Entonces surge una luz de esperanza y lo que parecía olvidado se convierte en causa cuyo clamor las autoridades ya no pueden ignorar. Empero, existen casos que, no obstante su gravedad y exposición en medios e instituciones extranjeros, siguen enterrados por complicidad y falta de voluntad política. Uno de ellos es el de Allende, Coahuila, donde hace 14 años, entre el 18 y el 20 de marzo de 2011, centenares de personas (niños, mujeres, jóvenes y ancianos) fueron masacradas o desparecidas por Los Zetas.

El Gobierno estatal, responsable de la seguridad, se cruzó de brazos; y el federal, ni se inmutó. BBC News Mundo recordó la matanza cinco años después de ocurrida y la calificó de “una de las más sangrientas de Los Zetas”. Los líderes del cartel, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, ya habían sido entonces detenidos. “La masacre fue tan brutal que ni siquiera hay claridad sobre el número de víctimas”. La versión “muy extendida” es que “en Allende desaparecieron 300 personas —“y es posible que así sea”—, pero el expediente de la fiscalía sólo tiene información sobre 42 desaparecidos entre enero de 2021 y agosto de 2012”, dice la nota de Juan Paullier (BBC, Ciudad de México, 10.19.16), apoyada en la investigación “En el desamparo”, coordinada por Sergio Aguayo.

El portal de noticias en español de la BBC retomó el caso al cumplirse 10 años de “la brutal y olvidada masacre de Allende” con motivo de la serie Somos, estrenada por Netflix el 30 de junio de 2021. La venganza del cartel, dirigida a tres miembros de la organización por colaborar con la DEA, se extendió a toda la comunidad. Las fotografías de casas destruidas e incendiadas, de tambos donde se disolvían cadáveres y de ropa de las víctimas, dan cuenta del horror que las autoridades fingieron no ver.

Coahuila fue uno de los estados más castigados por la violencia. “Piedras Negras, en la frontera con Texas, se había convertido en un enclave esencial para el narcotráfico y desde allí Los Zetas controlaban lo que ocurría en Allende. Después se deshicieron de los cadáveres con métodos diferentes. En el rancho Los Garza echaron gasolina en la vivienda y en la bodega donde amontonaron los cuerpos y “luego prendieron fuego que se prolongó toda la noche ‘hasta que se cocinaron’ los cuerpos. En el rancho Los Tres Hermanos rociaron los cuerpos con gasolina y los metieron de a uno en toneles de metal para prenderles fuego. Después de cinco o seis horas se cocinaron los cuerpos (…) quedaba pura mantequilla. Echaron los restos en una acequia y en un pozo para que no se viera nada”, dice el estudio citado por Paullier.

La mención de las 300 víctimas se desprende de “una declaración hecha por Héctor Moreno Villanueva, el Negro, en un juzgado de Estados Unidos”, pero como es testigo protegido de la DEA, se desconoce más del tema, señalan Delia Sánchez, Manuel Pérez y Jacobo Dayán en la investigación del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México. El dato conduce a los autores a un camino poco explorado: “La opacidad de Estados Unidos obstaculiza el acercamiento a la verdad. Ellos preservan información importante para entender lo que pasa en México”. Pero ya con los principales líderes de Los Zetas en poder de la justicia estadounidense, es posible que el caso de Allende alcance también a los políticos cuya pasividad los convierte en cómplices.