Veracruz.- La lenta respuesta ante el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México no solo amenaza el patrimonio natural del país, sino que pone en jaque la estabilidad financiera de miles de familias que dependen del turismo y la pesca en el sureste mexicano. A tres semanas del incidente, el sector ambientalista advierte que la dependencia de los combustibles fósiles es un riesgo sistémico para la economía y la vida.

El derrame, que comenzó a reportarse a finales de febrero, ha alcanzado una dimensión alarmante. Según datos de la Red del Corredor Arrecifal del Golfo de México, se han identificado 51 sitios contaminados que abarcan aproximadamente 630 kilómetros de litoral entre el norte de Tabasco y Veracruz. La contaminación impacta directamente en manglares y arrecifes que funcionan como barreras naturales contra huracanes, cuya pérdida implicaría costos de reconstrucción e infraestructura elevados.

En entrevista en Imagen Radio, Ornela Garelli, directora de campañas de Greenpeace México, fue enfática al señalar que la única solución de fondo para evitar estas crisis financieras y ambientales es un cambio en el modelo energético del país. Garelli instó directamente a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum a acelerar el abandono de los hidrocarburos.

“Pedimos al gobierno de México, a la presidenta Claudia Sheinbaum, que el gobierno transite o avance en la transición energética. Este tipo de derrames son inherentes a la industria fósil. El seguir apostándole por el petróleo, por el gas, nos mantiene en este peligro de seguir sufriendo este tipo de derrames y de otros incidentes que ponen en riesgo no solamente al medio ambiente, sino también la vida de las personas o sus formas de vida con los impactos, por ejemplo, económicos”, advirtió.

Para la directiva, la apuesta debe virar hacia las energías renovables, las cuales describe como “seguras, que no dañan el medio ambiente y que además coloquen en el centro a la justicia social”. Garelli también señaló que, con la temporada de Semana Santa a la vuelta de la esquina, comunidades enteras dedicadas al turismo y la pesca se encuentran en la incertidumbre total.

Además, denunció que la falta de transparencia sobre el origen del derrame impide que los responsables comiencen con las indemnizaciones necesarias:

“Las personas de estas comunidades afectadas viven del turismo, viven de la pesca, de la comercialización de mariscos, actividades que en este momento no pueden realizar. La próxima semana es Semana Santa, uno de los puntos de mayor importancia turística en el año, y ahorita son familias enteras que no están teniendo ingresos”.

Finalmente,  la especialista lamentó la actitud de las autoridades estatales y federales (CENER, ASEA, SEMARNAT), quienes inicialmente minimizaron los riesgos. Greenpeace exige que el nuevo grupo interdisciplinario anunciado por la Presidencia actúe con veracidad para fincar responsabilidades.

“Hasta ahora no tenemos certeza sobre cuál fue el origen del derrame, quiénes son los responsables. Se debe realizar esta investigación sobre las causas, establecer responsabilidades claras e incluso establecer sanciones para quien resulte responsable”, sentenció.