Dirigentes y diputados del PVEM y el PT están recibiendo “fuertes amenazas políticas, personales y jurídicas” para que aprueben el proyecto de Reforma Electoral de la presidenta Sheinbaum que continúa trabado y sin acuerdos en el Congreso. Fuentes que saben de las negociaciones acusan que, a pesar de su disposición al diálogo y de que han hecho propuestas para negociar, todas les han sido rechazadas, primero por Pablo Gómez y luego por la Secretaría de Gobernación, y que los negociadores del Gobierno federal han endurecido su tono y presionan con amenazas y represalias de todo tipo a los partidos aliados y a sus dirigentes.

A Pablo Gómez, por ejemplo, los petistas y los verdes le presentaron varios planteamientos para destrabar los temas que no aceptan, como la reducción de plurinominales y el recorte a los recursos públicos a los partidos, pero todas y cada una de las cosas que le presentaron al titular de la Comisión Presidencial, nos dicen, les fueron rechazadas con total “cerrazón y soberbia”. Lo mismo pasó con la Secretaría de Gobernación, donde reconocen que hubo más apertura para escuchar sus planteamientos, pero al final la respuesta fue la misma: no se negocia la propuesta de la Presidenta.

El endurecimiento del Gobierno y de Morena hacia sus aliados, a los que no quieren cederles nada significativo, ha hecho que varios de los dirigentes y coordinadores del PT y el PVEM estén preocupados ante las presiones y amenazas directas que les han hecho los “negociadores” de la Presidenta. Desde temas personales que han salido a relucir en tono amenazante, hasta sanciones políticas y denuncias jurídicas y penales en su contra, según nos confirman las fuentes consultadas.

Las amenazas están llevando al límite a los aliados de Morena que esta semana tendrán que definir si ceden sus votos en la Cámara de Diputados y en el Senado, para que Morena pueda alcanzar la mayoría calificada, o si de plano entran en choque con el Gobierno y su partido lo que tendría para varios de ellos consecuencias hasta penales. Por eso la semana que comienza es clave para destrabar la iniciativa de Sheinbaum a la que ella, sus funcionarios y su partido se niegan a cambiarle “ni una coma”.

Y es que, por más que la doctora y sus colaboradores quieran venderla como una “reforma democrática y que disminuirá el costo de las elecciones”, la realidad es que la iniciativa de Sheinbaum está hecha desde el poder y para el poder. A cambio de ahorrar algunos miles de millones de pesos que le quitarán al INE y a los partidos (y que seguramente los usarán para seguir pagando “ayudas sociales” y comprando votos y conciencias de la población beneficiada) lo que proponen es una reforma que fortalece claramente al partido hegemónico que ya es Morena, mientras debilitan aún más a la oposición, a las minorías y al árbitro electoral al que le cercenan su estructura profesional y los recursos para garantizar elecciones limpias y confiables.

Reducir el presupuesto a los partidos políticos en 25% sin duda es una propuesta popular y que muchos mexicanos avalan, pero lo que no dicen es que esa reducción al final beneficia a Morena, porque quitarle un cuarto de los casi 2,700 millones de pesos que recibe este año el partido gobernante, lo dejaría todavía con la friolera de 2,055 millones de pesos de presupuesto público, mientras que para el resto de los partidos de oposición la reducción del 25% resulta más significativa en relación a lo que reciben.

Eso sin contar que la verdadera fuerza de Morena y de su maquinaria electoral y clientelar no está en el dinero que reciben como prerrogativas, sino en el casi 1 billón de pesos que este año se destinan a los “programas del Bienestar” que le reparten a más de 32 millones de personas, que se los dan con una credencial guinda y se los entregan jóvenes con chalecos guinda y con un discurso claramente encaminado a generar una identificación y gratitud de los beneficiarios de esas ayudas con el partido gobernante.

El otro tema popular y atractivo que venden la Presidenta y su partido es la eliminación de las diputaciones y senadurías de representación proporcional. Curiosamente la doctora Sheinbaum dice despreciar las pluris e incluso narra –igual que en su momento lo hizo López Obrador– que a ella le ofrecieron ser diputada plurinominal y la rechazó, aunque no explica por qué la dirigente de su partido, Luisa María Alcalde o el propio Pablo Gómez, sólo han sido diputados por la vía plurinominal, o como es que su flamante asesor en esta “reforma democrática”, el magistrado Arturo Zaldívar intentó reelegirse como presidente de la Corte en el 2021 con una chicanada legal con la que buscaba extender por 2 años más su presidencia.

Por lo demás la fórmula que diseñaron los morenistas que hicieron esta reforma para sustituir a los diputados plurinominales es otro engaño. Elegir a los diputados por listas regionales se parece más a los “acordeones” que se utilizaron en la cuestionada elección judicial de 2025 que a un método democrático.

Porque los supuestos candidatos a diputados tendrían que hacer campaña para que los votaran, pero difícilmente podrán hacerla en los casi 1,000 municipios que abarcan la mayoría de las circunscripsiones electorales en las que se presentarán las “listas” de representación proporcional; es decir, que al final esos diputados terminarán ganando por las estructuras partidistas que los respalden, tal y como ocurrió con los “acordeones” judiciales y ya se sabe cuál es hoy la mayor estructura electoral y clientelar, la de Morena.

Y de lo más preocupante y peligroso de la reforma de Sheinbaum, sin duda el debilitamiento del árbitro electoral, con el atractivo mensaje de la reducción de presupuesto. Porque desaparecer el Servicio Electoral profesional y de carrera que hoy tiene el INE, para sustituirlo por personal eventual que se contratara para cada elección, claramente no apunta a querer un árbitro fuerte y sólido, sino a contar con un instituto más manejable para los intereses del poder.

La desaparición del PREP es uno de los puntos que más desconfianza genera en la reforma. Desde 1996, el Programa de Resultados Electorales Preliminares dio certeza y transparencia al permitir que los ciudadanos siguieran en tiempo real el avance de los cómputos. Eliminar ese mecanismo que ayudó a disipar sospechas de fraude implica un retroceso y abre la puerta a la opacidad en la difusión de resultados.

Pero más allá del contenido específico, lo que despierta mayor preocupación es la cerrazón con la que la Presidenta impulsa la iniciativa. A diferencia de otras reformas electorales en la historia reciente del país, que buscaron consensos amplios entre fuerzas políticas, esta propuesta no fue dialogada ni siquiera con sus aliados. La negativa a modificar “ni una coma” refuerza la percepción de imposición.

En ese contexto, el llamado del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a abrir un diálogo y realizar un Parlamento abierto cobra relevancia. Si el objetivo es fortalecer la democracia, la ruta natural sería escuchar a todas las fuerzas políticas y despejar dudas mediante un debate amplio y transparente.

A la doctora se le llena la boca todas las mañanas repitiendo que su Gobierno no es autoritario, que respeta las libertades y el derecho a disentir. Pues bien, si eso es verdad, este es el momento de demostrarlo: si la Presidenta quiere una reforma legítima y no por la fuerza, tendría que escuchar a Cárdenas; si lo que quiere es imponer su voluntad y beneficiar a su partido para que se eternice en el poder, entonces doblará con amenazas y presiones a sus aliados y logrará una reforma electoral espuria.