Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa que propone desaparecer la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y trasladar las funciones de 17 órganos desconcentrados y descentralizados a diversas Secretarías de Estado y unidades administrativas.

La propuesta que modifica más de una veintena de leyes, plantea suprimir la Secretaría del SNA por considerar que su creación no tuvo sustento en la Constitución y que sus funciones son confusas.

De acuerdo con la iniciativa, el SNA fue creado a partir de una reforma al Artículo 113 de la Constitución en mayo de 2015, la cual estableció que contaría con dos órganos: un Comité Coordinador y un Comité de Participación Ciudadana.

Indica que, independientemente de esta reforma, en julio de 2016 se expidió la Ley General del SNA, que creó la Secretaría Ejecutiva para fungir como órgano de apoyo técnico al Comité Coordinador.

El texto señala que las funciones de la Secretaría Ejecutiva son confusas, además de que se duplican con la Secretaría de la Función Pública (SFP), que también cuenta con facultades para informar al Comité Coordinar y colaborar e implementar las acciones que acuerde el Sistema.

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Como se observa claramente, existe duplicidad de funciones entre el organismo descentralizado denominado Secretaría Ejecutiva y la Secretaría de la Función Pública para brindar asistencia técnica al SNA, por lo que se propone suprimir al órgano sin sustento constitucional”, plantea.

La iniciativa del Ejecutivo federal propone dejar las funciones de apoyo al SNA a la SFP.

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Dejar las funciones de apoyo al SNA a la Secretaría de la Función Pública que, de manera natural, puede asumir dichas funciones, pues cuenta con el personal profesional dedicado al combate a la corrupción, además de la infraestructura e información que puede servir al cumplimiento del objeto del SNA”, sostiene.

La propuesta plantea también transferir las funciones de 17 órganos descentralizados y desconcentrados y de fideicomisos hacia Secretarías de Estado y unidades administrativas del Gobierno federal.

Entre los órganos que propone trasladar se encuentran la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, cuyas funciones se transferirían a la Secretaría de Gobernación.

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes se integraría al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en tanto que el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas y el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera se integrarían a la Secretaria de Agricultura, en tanto que el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura se sumaría a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, también de dicha Secretaría.

El Ejecutivo federal plantea también que el Instituto Nacional de Economía Social, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad se fusionen a la Secretaría de Bienestar y el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia a la Secretaría de Salud.

Además, propone transferir las funciones del Instituto Nacional de la Juventud a la Secretaría del Trabajo, la Comisión Nacional para el Uso eficiente de la Energía a la Secretaría de Energía y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático a la Secretaría de Medio Ambiente.

Otras instancias que se fusionarían son el Fideicomiso de Fomento Minero al Servicio Geológico Mexicano, la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el Instituto Mexicano de Tecnología de Agua a la Conagua y la Dirección General de Publicaciones al Fondo de Cultura Económica.

De acuerdo con el Ejecutivo Federal, la propuesta tiene como objetivo eficientar los recursos públicos, agilizar los procesos administrativos y provechar los bienes nacionales adecuadamente.

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Para ello, se suprimen, trasladar integran, convierten, contraen o fusionan unidades administrativas, órganos administrativos desconcentrados, organismos públicos descentralizados y fideicomisos hacia dependencia o entidades de la APF, cuyas funciones se encuentran duplicadas o segmentadas de manera innecesaria en varias instancias”, señala.