Al paso que va, la cuarta transformación que encabeza el presidente López Obrador le va a dejar como herencia a los mexicanos una destrucción del sistema institucional en la administración pública, una Presidencia tan omnímoda como la del pasado y sin suficientes contrapesos autónomos y constitucionales y algunas nuevas instituciones y dependencias hechas y nombradas más por caprichos ideológicos y políticos que con criterios de eficiencia, funcionalidad y atención de las necesidades más apremiantes de los mexicanos.

Porque hasta ahora en lo que se ha enfocado y especializado el Presidente no es en ver cómo el Gobierno y la administración pública pueden funcionar mejor y ser más eficientes, en cómo tener servicios de Gobierno más ágiles y rápidos. Todo lo que ha hecho López Obrador es cuestionar y desmantelar, con el puro argumento de la austeridad, pero sin criterios de eficiencia y mucho menos sin estudios ni análisis técnicos, las instituciones y dependencias que había en el Gobierno federal, algunas para desaparecerlas e integrarlas como áreas o apéndices de otras dependencias y las más para cambiarlas por otras que, con un nombre ideologizado afín a su 4T, no se vuelven necesariamente mejores ni más eficaces y en varios casos han llegado a generar un caos y empeorado los servicios que prestan a la ciudadanía.

El Seguro Popular, por ejemplo, arrasado y desmantelado con un argumento de corrupción, que sin duda era válido, pero no justificaba eliminar totalmente las áreas que sí funcionaban, fue sustituido por un Instituto del Bienestar que, a la fecha, y en plena pandemia del coronavirus no ha demostrado ser ni más eficiente ni hacer honor a su nombre al haber afectado la mayoría de los servicios.

Otro ejemplo incuestionable de esas “transformaciones”, ordenadas desde Palacio y que han dado pésimos resultados es el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, que más allá del propagandístico nombre, resultó ser peor que su antecesor, pues a pesar de su nombre y en una paradoja casi cómica, se dedicó a robarse lo robado y fue descubierto realizando subastas amañadas, desmantelando joyas y bienes decomisados y haciendo tratos con empresarios a los que les vendían terrenos a precios de ganga.

La lista podría seguir con la CNDH, a la que el Presidente se empeñó en mandar a una amiga y seguidora suya como Rosario Piedra Ibarra que, con el aval de la mayoría de Morena en el Senado, llegó a desmantelar y casi invisibilizar a una de las más grandes instituciones autónomas creadas para la defensa de los derechos humanos y ciudadanos. Hoy, cuando la CNDH ha perdido relevancia y está casi ausente de todos los casos graves de violaciones que se comenten a diario en México, ya hay incluso una propuesta para “transformarla” en la Defensoría del Pueblo, en otro intento que antepone lo ideológico a la eficiencia y el servicio a los mexicanos.

Por eso, ahora que López Obrador se ha propuesto continuar con su plan de desmantelamiento o “transformación” de instituciones y enfoca sus baterías a dos institutos autónomos fundamentales, como el Inai y el Ifetel, es necesario voltear a ver cuánto de lo que han desaparecido o cambiado en la 4T de la estructura institucional del país realmente ha sido para mejorar los servicios que prestan, los derechos que tutelan o los problemas que atienden de los mexicanos y cuántas de las nuevas dependencias o instituciones creadas o controladas por este Gobierno solo han empeorado la problemática que debían resolver.

Dice la Biblia, a la que es tan afecto el Presidente, “por sus frutos los conoceréis”. Y hasta ahora los frutos que ha dado este Gobierno no son mejores. La 4T y AMLO destruyen instituciones y lo que crean en su lugar son bodrios que no sirven.