“A más de la mitad del sexenio de López Obrador, podría decirse que ha logrado pocos de sus objetivos anticorrupción y de justicia penal”, dice un informe del Congreso de los Estados Unidos. “El Presidente mexicano, elegido en 2018, ha abogado por políticas que se centren en las causas profundas del crimen, pero su Gobierno no ha llevado operaciones antinarcóticos de manera constante… Después de tres años en el cargo, a partir de enero de 2022, López Obrador ha evitado acciones policiales a gran escala contra los cárteles y la cooperación entre Estados Unidos y México en materia de aplicación de la ley ha disminuido”, concluye el documento oficial.

Se refiere a la política de “abrazos, no balazos” definida así por el presidente López Obrador y cuestiona su falta de resultados a partir de las promesas de abordar los altos niveles de impunidad criminal, la corrupción oficial y pacificar al país. Lejos de esas promesas, el documento del Congreso de Estados Unidos consigna que la violencia del narcotráfico ha impactado la seguridad en la frontera sur de su país y contribuye a la “crisis de los opiáceos” que vive EU y que provocó en 2021 la muerte de 106 mil estadunidenses por sobredosis, sobre todo de fentanilo producido en México, algo de lo que también responsabiliza a la actual Administración lopezobradorista: “Muchos analistas evalúan que el papel de las TCO mexicanas (Transnational Crime Organizations) en la producción y el tráfico de opioides sintéticos hacia los Estados Unidos, se ha ampliado significativamente desde 2018”.

Elaborado por el Congressional Research Service o Centro de Investigación del Congreso estadunidense, el informe que ya circula entre congresistas del vecino país y cuya copia tiene esta columna, se titula México: Crimen Organizado y Organizaciones de Tráfico de Drogas, y en 42 páginas aborda toda la problemática de los cárteles de la droga mexicanos a los que denomina en inglés Transnational Crime Organizations o TCO, de los cuales ubica actualmente a nueve organizaciones activas y operando en los territorios de México y Estados Unidos. “Los grupos del crimen organizado se han fragmentado y diversificado sus actividades delictivas, recurriendo a la extorsión, el secuestro, el robo de petróleo, el contrabando de personas, el tráfico sexual, la venta minorista de drogas y otras empresas ilícitas”, dice el informe elaborado y firmado por Julien S. Beittel, analista en Asuntos Latinoamericanos del citado Centro de Investigación del Congreso estadunidense.

La violencia de esos grupos, sigue el documento, se ha extendido desde la frontera con Estados Unidos hacia el interior de México. Pero además, el informe del Congreso estadunidense habla también de cómo la violencia del narcotráfico ha tenido implicaciones políticas en México y consigna cómo la violencia política se reflejó antes de las elecciones de mitad de mandato de México en 2021, cuando, según se informa, más de 100 políticos fueron asesinados y muchos más fueron amenazados. “Esta situación llevó a algunos analistas a afirmar que los cárteles mexicanos han llevado la interferencia electoral directa a nuevos niveles”.

El documento termina cuestionando la falta de resultados de la estrategia del presidente López Obrador contra el narco: “A pesar de las promesas de reforma, el Presidente parece basarse en una política de utilizar el Ejército y una Guardia Nacional dirigida por militares para abordar las preocupaciones relacionadas con los narcóticos y las TCO. Hizo campaña para abordar los altos niveles de impunidad criminal y la corrupción oficial, problemas de larga data en México. Sin embargo, más de la mitad del sexenio de López Obrador, podría decirse que ha logrado pocos de sus objetivos anticorrupción y de justicia penal”.