Los efectos del discurso presidencial en México, que dice públicamente que a los narcotraficantes y criminales se les deben proteger sus derechos “porque también son seres humanos”, empiezan a verse y sentirse en las acciones de un crimen organizado cada vez más cruel, retador y desafiante, que está rompiendo con todos los parámetros y códigos conocidos en la violencia endémica que padecemos desde hace ya 16 años los mexicanos.

Si el Jefe del Estado mexicano le anuncia desde la sede misma de su poder, que su Gobierno renuncia a hacer uso del monopolio de la fuerza y aplaude y celebra que los militares y guardias huyan despavoridos y no los enfrenten, el mensaje que llega nítidamente a los sanguinarios capos, sicarios y demás fauna criminal que hoy deambula en el territorio nacional, es que con esta Administración hay “China libre”.

Se puede hacer y decir lo que quieran y manden los criminales: desde masacrar a niños y mujeres afuera de una escuela primaria en Salamanca, asesinar a granjeros y vendedores de pollo y sus familias en Guerrero, hasta subir videos donde humillan y persiguen a las Fuerzas Armadas del país.

No es que el narco y sus ejércitos armados hayan crecido de pronto o se hayan vuelto más de la minoría violenta que son y han sido desde que comenzó la torpe guerra contra el narco de Felipe Calderón.

Eventualmente los cárteles de la droga se fragmentaron y pulverizaron como efecto de la política calderonista y la de Enrique Peña Nieto de perseguir “objetivos” y detener a capos importantes, a los que sustituyeron sicarios menores y quizás más crueles y sanguinarios que sus antiguos jefes.

Pero con López Obrador esa fragmentación no solo continuó sino que se alentó con la inacción del Gobierno federal y su política absurda de “abrazos, no balazos”, en la que la orden expresa de no combatir ni confrontar a los criminales e incluso huir si es necesario, ha hecho que las fuerzas del narco parezcan y actúen como si fueran superiores a la fuerza del Estado, algo que aunque no es real, ni en número ni en capacidad de fuego, sí es lo que se percibe por los criminales que actúan a sus anchas y con total libertad e impunidad, porque saben que ni la Federación, ni los estados y mucho menos los municipios a los que tienen cooptados y controlados, los enfrentarán.

Se terminó haciendo de este país una suerte de sociedad distópica, una anarquía en la que se está imponiendo la ley del más fuerte y en la que los criminales sí usan la violencia y la fuerza de las armas para amedrentar, extorsionar, secuestrar o matar a los ciudadanos indefensos, mientras el Estado solo patrulla y se hace el disimulado.

Lo más grave es que nadie puede convencer al presidente López Obrador de que su estrategia para enfrentar al crimen está equivocada y completamente fuera de la realidad. Cuando dice que él actúa “diferente” y que está “combatiendo las causas de la delincuencia desde la raíz”, el Presidente confunde la política social, sus ayudas económicas a la población, con la política criminal y de seguridad de un Gobierno.

Una cosa no excluye a la otra; él puede seguir con su política social, pero no puede renunciar, de manera tan cínica y negligente, a su responsabilidad primaria, esa que juró cumplir y hacer cumplir en la Constitución, que es garantizar que la fuerza del Estado es para proteger y defender a la población de los criminales cada vez más crueles e inhumanos.

El Presidente estará condenado a la ignominia de la historia y nunca podrá quitarse la sospecha de ser un Gobierno aliado o liado con los narcos, por más que exija pruebas de esos señalamientos.

Parece una película distópica y una anarquía, pero en eso se está convirtiendo México con sus autoridades omisas, incapaces o cómplices y su sociedad callada y agachada… Los dados mandan Serpiente doble. Cambió la buena racha.