México.- Existe una carta presuntamente dirigida por la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) al juez Fernando Silva García, dentro del expediente del diferendo mercantil entre la concesionaria de radio MVS y la periodista Carmen Aristegui.

En dicho documento, de que da cuenta La Jornada, la CIRT manifiesta la “preocupación” del gremio de radiodifusores por los alegatos del magistrado sobre la responsabilidad de los concesionarios “como autoridades para efectos de amparo”.

La aplicación del cuerpo legal que incluye esta consideración en el recurso de amparo de Aristegui Flores, despedida hace 2 meses por la empresa de los Vargas, limitaría “la libertad de expresión de las empresas concesionarias e inhibición de las inversiones nacionales y extranjeras”.

Ello impide a los empresarios afiliados a la CIRT prescindir de los servicios de sus empleados y colaboradores, “en ejercicio de su libertad de expresión y comercio (…) entregándoles a dichos empleados la operación de la concesión, indica dicho documento integrado formalmente en el expediente judicial, y que no exhibe firma o membrete de la CIRT, ni es acompañado por la rúbrica de un representante legal de la cámara.

La Jornada señala que consultó a la CIRT, cuyo director de comunicación y capacitación, Víctor Medina, no reconoció ni negó la autenticidad de dicha carta.

El juez Silva García desechó por escrito la presunta posición de la CIRT, por considerar que esta cámara patronal no es parte del juicio.

Si se confirma la autenticidad de la carta, constituiría “una intrusión indebida y una presión descarada” del a CIRT en el diferendo, dijo por su parte el abogado Xavier Cortina, del equipo de defensa jurídica de la periodista.

Blanche Petrich e Israel Rodríguez señalan en su nota que de acuerdo con el texto atribuido a la CIRT, si un fallo judicial impidiera a los concesionarios despedir a sus empleados y colaboradores se les estaría “entregando” a éstos “la operación de la concesión, afectando con ello su facultad de contratación de conductores y periodistas (ley civil), así como para la creación de una obra determinada como lo es un noticiero (leyes autoral y mercantil)”.

El documento agrega que los concesionarios se verían afectados al no “poder cumplir con su objeto social” y se perjudicaría “a cualesquier sociedad que opere una concesión, situación que inhibe inversión y perjudica a la industria de la radiodifusión”.

La Jornada destaca que la carta, cuya autoría está pendiente de ser confirmada o negada por la CIRT, es una reacción a la vía inédita que en el caso Aristegui está explorando el equipo de abogados Quijano-Cortina.