Texas.- Por tercera ocasión en menos de un mes, el gobernador Greg Abbott estuvo en la ciudad de Eagle Pass este viernes para exponer su evidente postura contra la política fallida del presidente Joe Biden, denominada fronteras abiertas que ha permitido el paso a Estados Unidos de cientos de miles de indocumentados, y por ende anunciar medidas restrictivas a lo largo de la frontera.

Abbott viajó acompañado del General Mayor Thomas Suelzer, del Departamento Militar de Texas así como por el Zar fronterizo Mike Banks, quienes se dirigieron ante los medios locales, estatales y nacionales para defenderse de los continuos ataques del presidente de Estados Unidos contra el estado de Texas.

A través de su oficina de comunicación, Abbott emitió una declaración sobre el derecho constitucional de defender el territorio mientras que Joe Biden se niega a hacer su trabajo para asegurar la frontera.

Anunció que Texas está construyendo un “campamento base” militar en la ciudad de Eagle Pass, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, como parte de un esfuerzo más amplio para disuadir la migración irregular.

La instalación -denominada Base de Operaciones Avanzadas Eagle– será un complejo de unas 32 hectáreas a lo largo de las orillas del Río Bravo y albergará hasta mil 800 soldados, con la capacidad de ampliarse a 2 mil 300, dijo el Gobernador en una conferencia de prensa.

La última visita del gobernador republicano la hizo el pasado 3 de febrero junto a 14 legisladores republicanos, quienes hablaron prácticamente de lo mismo en las instalaciones del Shelby Park en medio de una serie de manifestaciones de grupos en pro y en contra del combate a la inmigración ilegal.

Los republicanos culpan a Biden del número récord de migrantes que intentan cruzar y dicen que debería haber mantenido las políticas restrictivas de Trump, mientras que el demócrata dice que está creando un sistema más humano y ordenado y que los republicanos se han negado a financiar la seguridad fronteriza por razones políticas.

Una nueva ley de Texas que entrará en vigor el 5 de marzo permitirá a las autoridades del estado arrestar y deportar a personas sospechosas de cruzar ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México, poniendo a prueba los límites legales de la autoridad estatal.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos y grupos de defensa de los derechos civiles han interpuesto una demanda para impedir que la ley entre en vigor.