Monclova, Coah.- Una nueva legislación que busca poner orden y garantizar la dignidad de los internos en los centros de rehabilitación, popularmente conocidos como “anexos”, fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Gobernación, así lo anunció la diputada local, Guadalupe Oyervides Valdés, quien destacó que la iniciativa establece obligaciones específicas, supervisión estatal y una vinculación directa con la Fiscalía General del Estado para estos espacios dedicados al tratamiento de adicciones y albergue de adultos mayores.

Oyervides Valdés, impulsora de esta reforma legal, explicó que la problemática de los centros informales ha generado una crisis de derechos humanos en la entidad.

La legisladora lamentó que semanalmente se reportan casos de fugas, maltrato, carencias alimentarias o condiciones indignas, subrayando la urgencia de crear un marco normativo sólido, que proteja tanto a las personas internadas como a sus familias.

La nueva ley, que en el ámbito federal se refiere a estos lugares como “aretas”, busca sacar de la opacidad a la gran cantidad de centros que operan sin permisos ni lineamientos básicos.

La diputada cuestionó la situación actual, poniendo como ejemplo el cuestionamiento de cómo un centro improvisado en una vivienda de apenas 46 metros cuadrados, puede brindar atención psicológica, alimentación adecuada y un tratamiento real.

Dentro de los nuevos requisitos, será indispensable que todo ingreso de una persona sea reportado a la Fiscalía para mantener un registro jurídico claro y evitar cualquier tipo de irregularidad o abuso en el trato.

Además, el marco legal precisará las responsabilidades que cada centro debe cumplir, los derechos irrenunciables de los internos y los requisitos mínimos para operar legalmente.

Oyervides Valdés advirtió que los anexos que no se ajusten a las nuevas exigencias de la ley, serán clausurados de manera definitiva, con la colaboración de autoridades federales como la Secretaría de Asistencia Médica (SAM).

Dijo que actualmente, la Secretaría de Salud sólo tiene registro de 36 centros, aunque la cifra de los que operan de manera irregular es significativamente mayor, comentó que para enfrentar este desafío, la ley contempla la creación de consejos estatales que contarán con la participación activa de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobierno y la Fiscalía, lo que asegura una supervisión y gobernanza conjunta.