A partir  de 1977 el país iniciaba el sinuoso periplo hacia la democracia, al abrir sus estructuras políticas con la reforma electoral que se planteó ese año desde el mismo Gobierno, que buscaba facilitar y aumentar la representación en la  Cámara de Diputados a los partidos políticos opositores al PRI, a través de la figura de diputados plurinominales, quienes se elegirían de manera distinta a los que ocupaban las curules por la vía directa del sufragio de la ciudadanía: su elección sería por el porcentaje de votos que obtuvieran los partidos que los postulaban. Esto les permitía llegar al poder sin haber competido en la justa electoral. Con ello, el número de legisladores se incrementaba en 100, y posteriormente en 200; el tamaño actual de la Cámara baja es de 300 uninominales y 200 plurinominales.

Un factor que influyó en la apertura política fue, sin duda, el agotamiento del modelo económico de sustitución de importaciones, que se reflejaría en la debacle de la economía mexicana de 1976. Después de varios lustros de estabilidad cambiaria, el peso se devaluaba frente al dólar. Con el devenir del tiempo se han aprobado varias reformas electorales, las últimas fueron en 2007 y 2014.

Ocho años después, el presidente López Obrador presentaba su iniciativa de reforma, la cual en uno de sus puntos considera eliminar el número de congresistas, de 500 a 300 diputados y de 128 a 96 senadores; curiosamente, en ese recorte había coincidencia con la demanda de varios legisladores de anteriores legislaturas, por ejemplo en 2012 afirmaban “los diputados panistas Preciado Rodríguez y Márquez Lozornio que la sobrerrepresentación que aqueja a nuestro Poder Legislativo ha influido en la poca productividad por la falta de consenso en la toma de decisiones en la Cámara de Diputados y el Senado; actualmente no ha beneficiado en nada al pueblo mexicano contar con una representación tan numerosa -500 diputados y 128 senadores-; la impresión de la ciudadanía es que se tiene un poder legislativo exageradamente numeroso y nada productivo” (Fuente: Cajiga. J…, Cámara de Diputados, 2012).

Desde luego que siempre ha habido políticos críticos, como los citados anteriormente, al propio sistema, del cual reciben sus honorarios y prestaciones. Ellos percibían una realidad que desde hace varios años era innegable para la ciudadanía, en la estructura y tamaño del Congreso; aunque es difícil que se mantenga esa misma postura política por el partido que los postuló, a la hora de votar la propuesta de AMLO. Pero independientemente de los intereses políticos, que varían en conveniencia de la supervivencia y rentabilidad electoral de los partidos, conviene revisar en forma general los costos económicos de la democracia en México.

El INE, cuya cúpula se conforma por un consejo general, una junta general ejecutiva y un órgano interno de control, y a nivel de cada entidad federativa replica esa misma estructura con algunas adecuaciones, organiza 32 comisiones locales y 32 juntas distritales. Por considerar que las funciones que realizan las organizaciones estatales son similares a las que realiza el INE, solo varía la dimensión geográfica, la reforma que nos ocupa propone federalizar las elecciones, al desaparecer los órganos estatales. En 1999 se destinaron 13 mil millones de pesos al financiamiento de la democracia, y para 2022 la cantidad subió a 68 mil 300 millones de pesos; de esta última, el INE se adjudicará 20 mil millones de pesos, cifras que aunque nominales, sí reflejan el desmedido aumento que se dio.

El costo del sufragio se ha encarecido, sin que haya influido el incremento presupuestal en disminuir los índices de abstencionismo, ni en la mejor calidad de los programas y propuestas partidistas. Otros de los afectados serán los institutos políticos, que recibirán menos recursos del erario federal. Se estima que sus finanzas se vean mermadas en alrededor de 66%, en virtud de que el llamado gasto ordinario se les suprimiría, y solo se financiarán los gastos de campaña.

Si se considera que la consolidación de la democracia mexicana se daba con la organización del antiguo IFE en 1990, como un ente autónomo del Gobierno, después de más de 30 años de autonomía, es momento de realizar una evaluación de la calidad de democracia que se tiene, y la reforma propuesta es un buen ejercicio para realizarla. Recordar que no necesariamente una democracia costosa y representativa significa más imparcialidad y transparencia del árbitro electoral.