La semana pasada se conmemoraba la fecha de la expropiación petrolera. Fue en diciembre de 1938, en que el Ejecutivo federal de aquel entonces suprimía las concesiones del petróleo a las compañías extranjeras, el Estado sería el agente económico único en el manejo del oro negro y sus derivados. Décadas más tarde, ya en el nuevo siglo (21) se llevaban a cabo cambios constitucionales: en 2013 el Gobierno del Presidente en turno proponía una iniciativa al Congreso de la Unión, para modificar el sector energético que manejaban, sin inversión extranjera, la CFE y Pemex. El Congreso aprobaba tal propuesta, e inmediatamente entraba en vigor. Con ello, el sector privado nacional y extranjero podía competir en el mercado de la electricidad y petróleo.

A mi entender, dos de los objetivos más relevantes de la reforma energética eran: 1) aumentar la producción petrolera en 2018 a 3 millones de barriles diarios; 2) modernizar ambas empresas para que dieran mejores resultados.

No obstante, fue hasta finales de 2017 que se liberaban los precios de los combustibles; se pasaba de tarifas administrados por el Gobierno de manera independiente, al sistema de mercado, es decir, cada gasolinera, o mejor dicho cada grupo de empresas en el país, tenía la libertad de determinarlas. Pemex dejaba de ser el único vendedor de hidrocarburos, perdía el monopolio y teóricamente los precios dependerían de la oferta y demanda internacional del crudo, de los impuestos, de los costos de logística y márgenes de utilidad de los empresarios del sector.

Resultados en el mediano plazo. La producción de petróleo en 2018 llegaba a 1.7 barriles por día, mientras el precio de los combustibles específicamente: Magna y Premium, su costo, en 2012, era de alrededor de 11. 37 pesos por litro, en cambio en 2018, costaba al automovilista 17.11 y 18.77 pesos, respectivamente. Por otra parte, en el sector eléctrico el kilowatt-hora se adquiría en promedio en 1.39 pesos en 2015; en cambio, dos años después subía a 1.88 pesos.

Y también llama la atención que las dos grandes empresas públicas siguen acumulando pérdidas, si bien, esos pasivos deben revisarse con criterios distintos a los de empresas comerciales, considerando los subsidios que otorga el Gobierno. En un primer análisis, observando que la palabra de los políticos es poco creíble, y más cuando se trata de aventurarse, haciendo pronósticos en un entorno tan complicado y volátil como lo es el energético, sensible a los cambios geopolíticos y climáticos; pero sustrayéndonos de la demagogia tan común entre ellos, simplemente los objetivos y metas anunciadas para justificarla no se cumplían. ¿Ventajas de la reforma? Antes de la reforma energética, el mercado de las gasolineras era dominado por cinco grupos nacionales, cuyo proveedor obviamente era Pemex; después de esta, el oligopolio persistió, pero con nuevos jugadores extranjeros. A principios de 2021, había 13 mil 282 gasolineras en México, de las cuales, alrededor del 33% no pertenecían a Pemex, y 61% del total de las privadas eran controladas por cinco
grupos.

El primer oligopolio se puede explicar por la corrupción que imperaba en la petrolera; en cambio el segundo, fue por la apertura a la inversión extranjera en ese sector y a los intereses de los políticos en las concesiones otorgadas. Las principales importadoras de carburantes al país han sido tres transnacionales estadunidenses, una suiza y otra anglo-brasileña. Los oligopolios permitían algunos beneficios marginales para el consumidor final, como es el caso de encontrar diferencias de precio en el litro de gasolina y diésel vendidos de hasta dos pesos, entre los negocios expendedores que conformaban los mercados locales, la utilidad se alcanzaba siempre y cuando los expendedores quedaran ubicados cerca del itinerario del automovilista y la calidad de los carburantes no variara, de lo contrario las probables ventajas se neutralizarían.

El rol del Gobierno actual ante el mercado energético. Hace algunos años una agencia estadunidense realizaba un estudio sobre el consumo de la gasolina en 61 países, en el cual incluía a México, dos de las variables que consideraba la investigación eran el ingreso per cápita de los habitantes y el precio promedio por litro de combustible en cada país. En nuestra economía el primer indicador en 2017 fue aproximadamente de 155 mil pesos por año, y el consumo promedio de un automóvil fue de alrededor de 355 litros anuales de gasolina, y se consideraba un precio promedio de 19 pesos por litro. Después de un sencillo calculo aritmético, cada mexicano aportaba aproximadamente 3.85% de su ingreso para la compra de gasolina, porcentaje que lo ubicaba como el país que más gastaba en combustibles de la muestra analizada. De ahí que sea un sector sumamente sensible, por ello, la SHCP, ante los incrementos sorprendentes de los energéticos, el precio del productor ha sido mayor que el de venta al público; por el diseño del IEPS, resulta que el impuesto es negativo, entonces la Secretaría subsidia la gasolina. Lo que se paga al cargar el tanque del automóvil, no es el precio de mercado.