Los actos de gobierno, y los concernientes a la administración pública, así como sus resultados, deben estar sujetos al escrutinio abierto y sólo por razones excepcionales -pocas y muy graves- pueden reservarse por algún tiempo para evitar daños irreparables a la comunidad.

De eso se trata la transparencia impuesta constitucionalmente a la actuación de todos los órganos de gobierno, locales y federales, tanto como a los organismos autónomos y paraestatales.

Esa obligación incluye los dictámenes sobre los accidentes causantes de la muerte y lesión de seres humanos, como el ocurrido en la línea 12 del metro de la Ciudad de México hace poco más de un año, respecto del cual la empresa noruega Det Norske Veritas, contratada por el propio gobierno de la Ciudad de México para el efecto, rindió su informe final.

A pesar de todo, el resultado se desconoce porque la jefa de gobierno de esa ciudad ha decidido mantenerlo en secreto, aduciendo cosas inadmisibles y sin congruencia, quizás porque, aparentemente, al incluir entre las causas deficiencias en el mantenimiento, le toca, cuando menos una porción de responsabilidad. Ha anunciado, incluso, que demandará a DNV por un supuesto incumplimiento del contrato.

Con una serie de malabares retóricos, absurdos y surrealistas, ella misma, su secretario de Gobierno y el de movilidad, adujeron que la causa fundamental del incumplimiento que daría lugar a la rescisión que pretenden, es que el dictamen no fue emitido conforme a lo contratado, según ellos porque, por un problema metodológico, se incluye en él el mantenimiento, lo que, en palabras del último de los mencionados, Adrián Lajous, el problema metodológico “tiene consecuencias sobre el análisis, siembra el tema del mantenimiento, sin embargo, la pregunta es: Frente a un error de diseño, ¿qué tiene que ver el mantenimiento? ¿Cómo le das mantenimiento a una cosa mal diseñada? El error de diseño se descubre que una vez que ocurre el colapso”. Eso, claro, llevó a su jefa, Claudia Sheinbaum, a dudar de la calidad e idoneidad del dictamen al que calificó, por eso, como “tendencioso y falso”.

En el fondo, aunque nadie lo diga y todos los involucrados eviten hablar de ello, está la sucesión de AMLO en la presidencia, desde la perspectiva de Morena, porque en el proceso están dos de los más mencionados: La propia Claudia Sheinbaum, y el canciller Ebrard, que también fue jefe de Gobierno y tendría que asumir la parte de responsabilidad que pudiera corresponderle.

La tragedia dice mucho del desdén de las autoridades de la Ciudad de México por la ley, característica que comparten con su evidente mentor y líder, y que ha perneado todos los ámbitos y niveles de ese grupo político, pero se agudiza cuando se rompe con el deber de claridad que a las autoridades corresponde cumplir escrupulosamente, con el país entero y no sólo con la Ciudad de México y las víctimas de la tragedia y sus deudos.

Olvidan, falta doblemente grave, que el artículo sexto de la constitución mexicana dispone que “toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional” entre las que no se cuenta la conveniencia del poseedor de la información, y que en la interpretación de este derecho “deberá prevalecer el principio de máxima publicidad”.

Es una lástima que, después de tantos esfuerzos por llegar al poder, el grupo que lo detenta olvide que no es propio, que la autoridad existe en la medida en que la ley la crea y dota de competencia

Salirse del marco jurídico es pisar arenas movedizas, y quien en ellas se encuentra, mientras más se mueve para salir, más se hunde.