Saltillo, Coah.- La máxima morenista de no robar al pueblo tiene a una de sus peores representantes en Múzquiz, donde la alcaldesa Tania Flores Guerra y su hermano, el próximo diputado local Antonio Flores Guerra, crearon un entramado de empresas fantasmas para saquear las arcas municipales, según denunció Karla Mónica Escalera Mendoza, ex secretaria del Ayuntamiento.

La extrabajadora municipal denunció ante el Congreso de Coahuila que la familia de la alcaldesa utiliza al menos tres empresas para desviar recursos millonarios de la cuenta pública, se trata de Servicios y Minerales Guel S.A. de C.V., Multiservicio Industrial ROVI S.A. de C.V. y Servicios Integrales TOVA S.A. de C.V.

En el caso de Servicios y Minerales Guel S.A. de C.V., Antonio Flores utilizó a Jaqueline Garza Briones y a Edgar Ali Hernández Garza, un par de trabajadores suyos para constituirla tres meses después de que su hermana ganó la elección en Múzquiz.

Esta empresa ha recibido adjudicaciones directas e ilegales que violan la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios en Coahuila, debido a que no se encuentran debidamente registradas.

Dos de esas adjudicaciones son las obras de rehabilitación de acceso de la calle Francisco Murguía y de la calle Emiliano Zapata, por las que el municipio de Múzquiz pagó 3.6 y 2.4 millones de pesos, respectivamente

TRAMA DE CORRUPCIÓN DE LOS FLORES GUERRA

La trama de corrupción no para con la empresa constructora, sino que los Flores Guerra también han utilizado a otro par de empresas factureras que arrendan vehículos de los que no son dueñas, sino que más bien pertenecen a la familia de la alcaldesa.

Multiservicio Industrial ROVI S.A. de C.V. y Servicios Integrales TOVA S.A. de C.V., con sede en Monclova, no existen fisicamente pero han rentado seis camiones de basura, pipas de agua, cargadores, dos barredoras y un Bulldozer al Ayuntamiento muzquense.

La exsecretaria del Ayuntamiento, Karla Mónica Escalera Mendoza, entregó pruebas documentales en la denuncia que llevó al Congreso de Coahuila, solicitando que la Auditoría Superior el Estado realice una investigación más a fondo de su denuncia, y que haya consecuencias.