Ciudad de México.- Grandes arrendadores de Airbnb han promovido al menos 65 amparos contra la reforma de abril a la Ley de Turismo de la CDMX que les impone múltiples obligaciones fiscales y de seguridad.

Se trata de empresas, fideicomisos creados en los bancos Mifel, Ve por Más y Actinver, e inversionistas inmobiliarios que, en algunos casos, han convertido edificios completos en sitios de rentas de corto plazo.

Tribunales federales ya rechazaron suspender la reforma. Los 17 jueces de Distrito en Materia Administrativa negaron las suspensiones definitivas entre finales de mayo y principios de junio.

Las nuevas obligaciones, que comenzarán a aplicarse entre octubre y noviembre, incluyen el registro en el Padrón de Anfitriones de la CDMX, la inscripción de todos los inmuebles que rentan, informes semestrales al Gobierno sobre ocupación, medidas de protección civil y seguridad, avisos a la asamblea de condóminos sobre el uso del inmueble, vigilancia sobre entradas y salidas de menores de edad y cumplimiento de obligaciones fiscales, entre otras.

Para algunos quejosos, la parte más grave es que quienes inscriban más de tres inmuebles en el padrón, serán considerados establecimientos mercantiles como un hotel, es decir, ya no estarán sujetos al régimen civil de rentas.