Ciudad de México.- Artículo 19, Mexiro, Politiklab, Proyecto Justicia Común y Arkemetría Social entre otras organizaciones civiles rechazaron el acoso judicial emprendido contra Miguel Alfonso Meza, presidente de la organización Defensorxs, quien actualmente enfrenta un procedimiento iniciado por el Instituto Nacional Electoral (INE) por presunta “violencia política”.

La denuncia fue presentada por Luis Castañeda, exdirector de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y actual candidato a juez laboral en la Ciudad de México. En ella, Castañeda alega haber sido “violentado políticamente” por Meza tras la publicación de una investigación que reveló dos hechos de gravedad: que al menos 36 mujeres lo acusan de acoso sexual y amenazas y que atropelló a un motociclista, quien falleció a consecuencia del impacto.

En un comunicado, las ONG señalaron que esta denuncia representa una distorsión del concepto de “violencia política”, cuyo propósito es proteger el ejercicio de los derechos políticos frente a actos de presión, amenaza, hostigamiento o coacción. En este caso, se utiliza para criminalizar el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y la vigilancia ciudadana.

Precisaron que la labor de Defensorxs, dedicada a revisar los perfiles de aspirantes a cargos judiciales, ha sido clave para fortalecer la transparencia en los procesos de selección de jueces, juezas, magistraturas y ministras/os, y constituye un aporte fundamental al escrutinio público.

“La utilización de instituciones del Estado para silenciar investigaciones incómodas constituye un grave atentado contra la libertad de expresión, el derecho a saber y la rendición de cuentas. El uso de la violencia política como arma institucional para blindar a presuntos agresores desde el poder es inadmisible”, mencionaron.

De acuerdo con Artículo 19, tan solo en 2023 se registraron 21 casos de acoso judicial contra periodistas en México, lo que da cuenta de un patrón creciente de represión a la libertad de expresión mediante mecanismos legales.

Resulta alarmante que se utilicen mecanismos sancionadores no para proteger derechos, sino para castigar la crítica. En una democracia, quienes aspiran a cargos públicos deben estar abiertos al escrutinio, no blindados contra él. Cuando se responde con castigo en lugar de argumentos, se envía un mensaje peligroso: que cuestionar al poder tiene consecuencias. Y eso erosiona las bases del debate público y de la justicia”, enfatizaron.