Ciudad de México.- La organización Artículo 19 reveló que, de acuerdo con documentos judiciales del litigio entre WhatsApp y la empresa israelí NSO Group, en México, 456 personas fueron espiadas con el spyware Pegasus entre abril y mayo de 2019, durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, “lo que sugiere la verdadera escala de la vigilancia ilegal en México y la gravedad del encubrimiento de estos abusos por parte del gobierno mexicano”.

A través de un comunicado explicó que, como parte de las pruebas para el juicio, WhatsApp aportó un listado que expone el país de origen de mil 233 víctimas de Pegasus y, según los datos, México fue la nación con más víctimas en esa ocasión (456), seguido de la India (100) y Baréin (82).

En ese sentido, la organización precisó que esta información inédita muestra, por primera vez, la escala del espionaje estatal con Pegasus que ha sido sistemáticamente negado por el gobierno mexicano, pues según los datos proporcionados por WhatsApp, el número de ataques correspondientes a México representa 37% del total de los incidentes documentados.

Aunado a ello, recordó que en 2022, la investigación Ejército Espía reveló que la Secretaría de la Defensa Nacional suscribió un contrato por un “Sistema de Monitoreo Remoto de Información” con Comercializadora Antsua –empresa con derechos exclusivos para vender Pegasus– con fecha del 12 de abril de 2019 y reprochó que, a la fecha, la Sedena se niegue a entregar la información sobre dichos contratos, pese a la decisión inatacable del Inai.

Además, destacó que dicha investigación también expuso que el operador final de Pegasus en México es el Centro Militar de Inteligencia, una agencia militar secreta cuya existencia ha sido erráticamente negada por la Sedena, desde donde sostuvo, se ha espiado ilegalmente a personas defensoras de derechos humanos y periodistas involucradas en el esclarecimiento de abusos cometidos por las Fuerzas Armadas.

Asimismo, enfatizó que la aceptación de que México es cliente de NSO Group por parte de los propios representantes de la empresa tira por la borda los intentos por negar lo innegable.

Ante ello, reiteró su llamado a que el gobierno actual rompa con el pacto de impunidad militar y emprenda una investigación imparcial e independiente que garantice a las víctimas del espionaje ilegal el acceso a la verdad y la justicia, así como una urgente reforma legal que establezca controles y salvaguardas a las facultades de vigilancia por parte del Estado.