Saltillo, Coahuila.– Un amplio operativo encabezado por la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila sacudió el norte de Saltillo, luego de que se ejecutara un cateo en las instalaciones de la financiera Crevi Autos, ubicada sobre el bulevar Venustiano Carranza, en la colonia La Salle, como parte de una investigación por presuntos delitos patrimoniales.

La diligencia judicial tuvo como objetivo la búsqueda y aseguramiento de documentación, equipo de cómputo y aparatos electrónicos, considerados indicios clave dentro de la carpeta de investigación 0073/2026.

En el sitio participaron elementos de la SEDENA, Policía Municipal, Policía Estatal, Servicios Periciales y el Ministerio Público, quienes resguardaron el inmueble durante el despliegue.

Durante el cateo fueron aseguradas diversas carpetas, papelería, un DVR, 11 teléfonos celulares, monitores, CPUs, teclados, una libreta, identificaciones y tickets de depósitos, así como un vehículo Mazda 3 color gris, con placas de Nuevo León.

De manera paralela, dos hombres fueron puestos a disposición de la autoridad por los presuntos delitos de amenazas y cohecho, pues se indicó que al momento de la diligencia se comportaron de forma violenta, e intentaron sobornar a las autoridades.

Los detenidos fueron identificados como Eleazar N de 37 años, y Miguel Ángel N de 39, ambos con domicilios en el estado de Nuevo León.

En torno al impacto social del caso, trascendió que al menos 50 personas han sido identificadas como afectadas, aunque no se descarta que el número aumente conforme avancen las investigaciones.

El delegado de la Fiscalía Julio Loera indicó que la Fiscalía mantiene abiertas las puertas para recibir más denuncias y aseguró que se está brindando atención personalizada a cada víctima, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia y el esclarecimiento total de los hechos.

La investigación continúa abierta y bajo sigilo, mientras las autoridades analizan los indicios asegurados para determinar responsabilidades y el alcance real del presunto daño patrimonial.