Ciudad de México.- La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) denunció el asesinato de un matrimonio opositor a la minera Penmont, subsidiaria del Grupo Peñoles, en Sonora; y amenazas directas contra 13 personas defensoras más, las cuales fueron escritas en una cartulina abandonada con los cuerpos, por lo que demandaron al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación implementar urgentemente las medidas de protección correspondientes.

En un comunicado, la red denunció que el jueves 29 de abril, en el municipio de Puerto Peñasco, Sonora, fueron asesinados el ejidatario José de Jesús Robledo Cruz y su esposa María de Jesús Gómez Vega en el ejido El Bajío.

“ El asesinato de nuestra compañera y compañero ocurre dentro del contexto de su exigencia para que se hagan cumplir las múltiples resoluciones judiciales que implican que la minera Penmont, propiedad de Alberto Baillères, debe pagar no sólo las rentas que los ejidatarios exigían por la ocupación ilegal de sus tierras, sino también la devolución del oro extraído, también ilegalmente, durante ese mismo tiempo, así como la restauración por el daño ambiental causado a las tierras del ejido, cuestiones que siguen pendientes de ejecución por parte de los órganos judiciales competentes indicó la Rema.

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Además, recordaron que no se trata de la primera ocasión en que José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega habían sido agredidos, pues el 3 de septiembre del 2017, sin el amparo de una orden judicial, su compañero fue detenido afuera de su domicilio, por hombres encapuchados, quienes portaban armas largas y chalecos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Aseguraron que los ejidatarios comenzaron a sufrir actos de acoso y violencia desde el 2002, al ingreso de la empresa Penmont a su territorio, por lo que presentaron amparos e impulsaron la apertura de carpetas de investigación, además de llevar ante el tribunal agrario juicios por el despojo del cual han sido objeto.

“ A pesar de lograr varias sentencias a su favor de los actos de reclamo realizados por el ejido, ninguna de ellas ha sido ejecutada y, por el contrario, desde el primer momento de reclamo, se acrecentaron los actos de violencia, tales como sufrir intimidaciones, detenciones arbitrarias, homicidios, levantones, desapariciones forzadas, el uso de la fuerza pública, el despojo y el desplazamiento forzado, además del amedrentamiento a periodistas y robos de vehículos, asegura la Rema.

Asimismo, narraron que José de Jesús Robledo Cruz fungió como como presidente del comisariado del ejido El Bajío, y encabezó la defensa de sus tierras en contra del despojo minero, por lo que se opuso directamente en contra de “poderosos personajes que en este país son garantes de libertades para el asesinato y el despojo: Alberto Baillères, potentado empresario minero y Rafael Pavlovich Durazo”, tío de la actual gobernadora del estado de Sonora, Claudia Pavlovich.

“ La lucha sostenida y legal de El Bajío por la defensa de su territorio supera los 18 años buscando justicia”, por lo que aseguran que en varios tribunales han logrado sentencias a favor del ejido, razón por la que se obligó a que la minera Penmont suspendiera su actividad, desalojara y devolviera las tierras ejidales. Además de que a Rafael Pavlovich Durazo le obligan a devolver al ejido las mil 824 hectáreas que ocupaba de manera ilegal.

Del mismo modo, resaltaron que, por las imágenes a las que han tenido acceso, “el asesinato de nuestra compañera y compañero fue realizado por el brazo armado ilegal que trabaja en contubernio tanto con la empresa de Alberto Baillères como con el señor Pavlovich. Los cuerpos estaban cubiertos con una cartulina en la que aparecen, a modo de advertencia y amenaza, los nombres de 13 ejidatarios cuya vida evidentemente se encuentra en alto riesgo”.

Con información de Milenio.