Ciudad de México.-  El gremio jurídico de Baja California expresó su rechazo y consternación por el asesinato del abogado y catedrático de la UABC, Arturo Pérez Anguiano Scully, quien fue atacado a balazos frente a su vivienda en el municipio de Tijuana.

Los hechos ocurrieron la tarde del lunes 29 de diciembre, después de las 18:00 horas, en el fraccionamiento Los Españoles, cuando un individuo vestido de negro se aproximó al vehículo donde se encontraba el litigante y le disparó directamente en la cabeza. En el automóvil lo acompañaba una mujer, quien resultó ilesa.

De acuerdo con los reportes, el agresor escapó a bordo de una camioneta Ford Explorer gris claro, sin que hasta el momento se informe sobre personas detenidas. Las autoridades mantienen abierta la investigación.

El homicidio se suma al de la también catedrática Emilia Ortega Aceves, ocurrido el 18 de noviembre, crimen en el que participaron tres atacantes y por el cual fue detenido posteriormente un menor de 16 años.

Tras confirmarse la muerte de Anguiano Scully, barras de abogados, colegios y asociaciones manifestaron su pésame y exigieron el esclarecimiento del caso. De acuerdo con recuentos del propio sector, en el actual sexenio se contabilizan al menos 15 abogados asesinados en la entidad.

El presidente de la Fedabo, David Jesús Rincón Rey, expresó solidaridad con la familia, mientras que Sergio Rubén Ramírez Carpio, titular de la Asociación de Egresados de Derecho UABC Zona Costa, destacó la trayectoria académica y profesional del penalista y pidió resultados concretos a las autoridades.

En un posicionamiento conjunto, organizaciones demandaron una investigación exhaustiva, imparcial y profesional, así como la aplicación estricta de la ley contra todos los responsables.

Por su parte, José Ángel Olivérez Ortega, abogado e hijo de Emilia Ortega, advirtió sobre la normalización de la violencia, señalando que ejercer la abogacía se ha convertido en una actividad de alto riesgo en un contexto de impunidad.

El Colegio de Abogados de Tijuana, encabezado por Daniel Avitia Beltrán, también condenó el crimen y cuestionó la falta de estrategias preventivas y acciones reales para proteger a la ciudadanía.

Arturo Pérez Anguiano Scully, de 61 años, era reconocido como litigante penalista, docente universitario, militante del PAN y representante legal de empresas y empresarios del sector inmobiliario en Tijuana.