Oaxaca, Oax.– La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ha intensificado las investigaciones sobre el homicidio de Nelson Hernández Pérez, el asesor jurídico del ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, asesinado a balazos el pasado fin de semana durante un operativo alcoholímetro.

Edith Morales Celaya, vicefiscal de Delitos de Alto Impacto, reveló que las indagatorias manejan al menos seis líneas de investigación y hasta el momento ninguna ha sido descartada.

El ataque ocurrió el viernes, cuando sujetos desconocidos dispararon directamente contra Hernández Pérez en la localidad conurbada a la ciudad de Oaxaca. Testigos confirmaron que los agresores fueron “directo” hacia el funcionario, quien murió en el lugar.

Motivaciones Políticas y Acusaciones en Redes

La Vicefiscalía de Delitos de Alto Impacto está explorando varias hipótesis que incluyen:

– Labor política del funcionario.

– Aspectos personales.

– Posibles amenazas previas.

Morales Celaya indicó que, conforme avance la investigación, el número de líneas se reducirá hasta dar con el o los responsables del atentado. Añadió que también se están analizando las acusaciones vertidas en redes sociales en contra del funcionario respecto a su trabajo en el operativo alcoholímetro.

Operativo Sin Aval Estatal

Paralelamente a la investigación de la Fiscalía, el gobierno estatal cuestionó la legalidad del operativo en el que ocurrió el crimen.

Jesús Romero, secretario de Gobierno, indicó que el gobierno estatal coordina los criterios de aprobación de los operativos a través del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes en Oaxaca (Coepra) y el Gabinete de Seguridad.

Romero puntualizó que el operativo realizado en San Jacinto Amilpas no contaba con la aprobación estatal, por lo que carecía de los protocolos de seguridad necesarios para evitar situaciones violentas.

” “Este operativo no cumplía con las medidas establecidas por el Coepra ni mantenía coordinación con el Mando Metropolitano de Seguridad,” afirmó el Secretario de Gobierno.

El funcionario estatal contrastó esta situación con los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Amilpas y Santa Lucía del Camino, ayuntamientos que sí cuentan con la aprobación del consejo y con supervisión permanente de corporaciones de seguridad estatal.