Luego de que el Congreso mexicano aprobó la Ley de Seguridad Interior, diez organizaciones internacionales anunciaron la creación de un órgano vigilante de los derechos humanos al que denominarán Observatorio Internacional sobre México. Y han solicitado a Enrique Peña Nieto que la vete.

Según un documento sobre el anuncio de marras, publicado ayer por el diario La Jornada, las diez organizaciones plantean que “mientras México se aleja de los valores democráticos el mundo le está observando”.

Sobre todo, precisan en el documento, “porque lejos de abordar la impunidad generalizada de crímenes atroces, incluidos los cometidos por las fuerzas armadas en el contexto de la llamada guerra contra las drogas, la ley aprobada consagra y fortalece el papel del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública reservadas para autoridades civiles”.

Incluso, se añade en la argumentación que acompaña al anuncio de la próxima conformación del Observatorio, “durante los recientes 10 años esta estrategia de militarización ha aterrorizado a la población civil mediante ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos, casos que han sido plenamente documentados y que permanecen prácticamente en absoluta impunidad. Mientras tanto, los índices de violencia continúan escalando y, de hecho, 2017 se perfila ya como el año más letal de la historia de México”.

Y las diez organizaciones internacionales que integrarán el Observatorio anunciado, son: “Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, la Fundación para el Debido Proceso, Latin American Working Group, la Oficina de Washington para América Latina, Open Society Justice Initiative, la Organización Mundial contra la Tortura, Peace Brigades International y el Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy”.

Esto se publicó ayer. Sin embargo, la madrugada del viernes 15, hace cinco días, el PRI justificó así, en voz la senadora María Cristina Díaz Salazar, la aprobación de la Ley de Seguridad Interior:
“(Este dictamen) tiene por objeto regular la función del Estado para preservar la seguridad interior, así como establecer bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios en la materia.

“Como sabemos, durante la última década, nuestro país ha atravesado por una crisis de seguridad que rebasa el umbral de la seguridad pública y que está poniendo en riesgo la seguridad interior.

“Por ello, debemos contar con una ley que legitime y dé certidumbre a las acciones relativas  a la coadyuvancia de las Fuerzas Armadas con las autoridades civiles en materia  de seguridad interior.

“… Actualmente nuestras Fuerzas Armadas no tienen un marco legal para estar en las calles.

Y hay que decirlo fuerte, hay que dejarlo claro, no existe mayor medio de control que el estricto apego a la legalidad y al Estado de derecho.

“En este Senado hemos atendido y escuchado las voces de quienes han expresado su preocupación e incluso su inconformidad con la ley.

“… Somos conscientes de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en esta se reconoce la existencia de la facultad y obligación del Estado a garantizar su seguridad y mantener el orden público siempre que se apliquen procedimientos conforme a derecho y respetuosos de los derechos fundamentales de todos los individuos bajo la jurisdicción estatal.

“El Tribunal Interamericano ha determinado en ese sentido que el poder estatal en materia de mantenimiento de la seguridad y del orden público no es ilimitado, pues está condicionado por el respeto de los derechos humanos.

“Y si bien la Corte Interamericana ha determinado que en algunas circunstancias la intervención de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública seguramente implica, sin duda lo señala, la posibilidad de riesgo en la materia.

“Por ello, los estados deben ser cuidadosos al utilizar la Fuerzas Armadas como elemento de control de los disturbios internos, la violencia interna, situaciones excepcionales y la criminalidad común”.

“Por eso, debo de reconocer que durante más de una década se ha hecho uso responsable de la intervención de las Fuerzas Armadas, lo otro es un falso debate.

“Y advierto que es difícil concluir que el empleo de las Fuerzas Armadas para la realización de tareas de seguridad pública constituye en sí mismo una violación a los derechos humanos como pretenden hacernos ver, eso es falso.

“Se nos ha dicho también que esta ley es una puerta abierta y sin controles para la actuación de las Fuerzas Armadas en materia que no le corresponde.

“¿Cómo hemos respondido ante ello?

“Estableciendo en esta ley que estamos discutiendo límites geográficos y temporales al procedimiento para la emisión de una declaratoria de protección a la seguridad interior, lo previsto en los artículos 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de la ley, se apega estrictamente a los estándares internacionales de derechos humanos, que no les quepa la menor duda.

“Y particularmente el artículo 13 establece los requisitos mínimos con los que se debe contar las peticiones de las legislaturas, de las entidades federativas o el titular del Ejecutivo cuando aquellas estén en receso y las cuales incluyan el área geográfica específica.

“El 14 estipula que el acuerdo de la declaratoria de protección a la seguridad interior debe incluir las entidades federativas o áreas geográficas en las que se realizarán las acciones de seguridad interior así, y lo subrayo, como la temporalidad de la declaratoria”…

Así se auto justificaba el PRI, la madrugada del viernes 15 de diciembre de 2017, la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.