Ciudad de México.- Políticos de primer nivel, empresarios influyentes, contratistas de Pemex, integrantes de grupos criminales, prestanombres de gobernadores corruptos y estafadores han pagado desde cientos hasta decenas de miles de dólares a la empresa española Eliminalia para desaparecer notas en Internet que dañan su imagen.

“We erase your past” o “borramos tu pasado”. Para cumplir con su eslogan pegajoso, Eliminalia ataca los contenidos que molestan a sus clientes con una batería de armas digitales, que incluyen presiones contra proveedores de servicios, el uso de fake news, sitios apócrifos y granjas de bots, todo protegido por estrictas cláusulas de confidencialidad.

El exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, el titular del DIF en el sexenio de Enrique Peña Nieto y oficial mayor de la Procuraduría General de la República (PGR) en la gestión de Marisela Morales Ibáñez, Antonio de Jesús Naime Libien, así como una empresa involucrada en los sobornos de Odebrecht aparecen en los cerca de 50 mil documentos internos de Eliminalia consultados por Proceso y otros 29 medios internacionales en el marco de la investigación internacional Story Killers, coordinada por Forbidden Stories.

La base de datos incluye cerca de 28 mil vínculos que dirigen hacia publicaciones que la empresa trató de desaparecer para sus clientes.

Los clientes de Eliminalia México

Entre los más de dos mil clientes de Eliminalia en el mundo, –varios de ellos vinculados con organizaciones criminales o condenados por delitos graves– aparecen más de 100 personas y empresas de México, que en conjunto pagaron al menos 857 mil 752 euros para borrar notas incómodas, o al menos manipular los algoritmos de buscadores de internet para esconderlas.

Los clientes mexicanos de Eliminalia incluyen contratistas de los exgobernadores Javier Duarte de Ochoa, en Veracruz, y Francisco Javier Cabeza de Vaca, en Tamaulipas, así como personajes polémicos como el joven empresario Joaquín Leal Jiménez, vinculado con esquemas de tráfico de petróleo con Venezuela y sancionado en 2019 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, o Maclovio Esteban Yáñez Mondragón, otrora ejecutivo de Pemex y ahora contratista de la petrolera con su empresa Sepec Oilfield Services.

Además de los personajes públicos, aparecen varios estafadores como José Luis Zubiate Nava, cuya empresa Grupo Marzuz ha sido señalada en múltiples espacios por presuntos fraudes a sus clientes, o el defraudador Juan Miguel Aguirre Rodríguez, detenido en Argentina en 2014, así como una vasta gama de empresarios que buscaron la eliminación de notas sobre evasión de impuestos, daños ecológicos o clausuras administrativas.

También figuran presuntos delincuentes como Ángel Rodolfo Sarmiento Ahumada, detenido en 2015 por la extinta PGR, que lo acusó de ser un operador financiero de los Beltrán Leyva, o Francisco Javier Morlet Pérez, un hombre capturado en 2009 junto con dos empleados de Pemex, acusado de trabajar para Los Zetas.

Banqueros del PRI, narcotraficantes y proxenetas

Más allá de México, Eliminalia ha tenido clientes de dudosa reputación, como Higini Cierco y Ramón Cierco, los exdueños de la polémica Banca Privada d’Andorra (BPA), que delincuentes y políticos del PRI, incluyendo personajes del primer círculo del expresidente Enrique Peña Nieto, utilizaron para esconder cientos de millones de dólares.

También están el narcotraficante español José Mestre Fernández, el blanqueador de dinero ruso Malchas Tetruashvili o el proxeneta Antonio Herrero Lázaro.

Es una “forma sofisticada de censura”: Artículo 19

Los archivos internos de Eliminalia muestran cómo la empresa ha hecho un negocio lucrativo del mal llamado “derecho al olvido”, un concepto en apariencia legítimo que “se ha ido tergiversando y se ha ido instrumentalizando de tal manera que personajes de la vida pública, tanto empresarios como políticos posiblemente involucrados en actos de corrupción, de violaciones a derechos humanos o en delitos de alto impacto, han aprovechado herramientas a través de despachos para borrar información y tratar de lavar su reputación”, sostiene Leopoldo Maldonado, director general de Artículo 19 en México.

“ Es una forma sofisticada de censura; sofisticada y costosa, que se está vendiendo a lo largo y ancho del mundo”, agrega.

Compañías como Eliminalia han utilizado las fallas en la Ley de Derechos de Autor de la Era Digital de Estados Unidos (DMCA) o sus equivalentes de otros países, aprobadas a finales de los años 90 para luchar contra las plataformas de intercambio de contenidos pirateados.

Su estrategia resulta relativamente sencilla: copian la nota que quieren borrar, la reproducen en otro sitio de Internet y le ponen una fecha anterior a la original. Posteriormente se comunican con el proveedor de servicios y denuncian que la nota original es un plagio y que infringe los derechos de autor, por lo que piden su remoción.

“ Aprovechan que los servicios de hosting de buena parte de las páginas de Internet en México, entre ellas los medios digitales, están en Estados Unidos, y utilizan estos artilugios para remover contenido de interés público generando un efecto sensor brutal; la información desaparece del ecosistema digital y resulta prácticamente imposible combatirlo, porque implica litigar en Estados Unidos y esto es muy costoso”, dice Maldonado.

Special Report: A network of fake news sites is one of the several tools that Spain-based firm Eliminalia uses to manipulate online information on behalf of a global roster of clients, a Washington Post investigation found. https://t.co/Zq38WODvlv

— The Washington Post (@washingtonpost) February 17, 2023

Al descubierto, los métodos de Eliminalia

Para obligar a los medios o sitios a retirar notas, Eliminalia cuenta con una caja de herramientas cuyo costo varía según su complejidad. Los miles de documentos obtenidos en el marco de esta investigación permiten observar su modus operandi.

La más sencilla consiste en comunicarse con los medios para pedirles que eliminen la nota, a veces con un amago de presentar una demanda. En varias ocasiones, Eliminalia se ha comunicado con Proceso para pedir que retire notas periodísticas, apelando entre otros a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares de México.

Entre los casos que Eliminalia trató de gestionar con Proceso en nombre de sus clientes destacaban el de Eduardo Fernández García, el extitular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) cuyo ahijado, Mauricio Sánchez Carmona, hizo las gestiones con la empresa Eliminalia para quitar notas sobre su detención en 2003, en el marco de la persecución que lanzó el gobierno de Vicente Fox en su contra, pues lo acusaba de entregar al PRI información sobre las cuentas bancarias de la organización Amigos de Fox.

“ Los servicios se contrataron para eliminar información que aparecía de carácter negativo y falsa; la información eliminada era falsa o tendenciosa para afectarlo negativamente. Las noticias al momento de ser eliminadas tenían 10 años o más de antigüedad y ya habían sido probadas falsas, de lo cual se le envió evidencia a Eliminalia”, justificó Sánchez en respuesta a un cuestionario de Proceso.

Este semanario también recibió mensajes de Eliminalia para quitar contenidos sobre el notario público Miguel Ángel Colorado Cessa, cercano al exgobernador veracruzano Fidel Herrera Beltrán y hermano de Francisco Colorado Cessa, empresario condenado en Estados Unidos por lavar dinero de Los Zetas en Veracruz, y sobre las hermanas Diana María y Silvia Romina Sánchez Carlón, identificadas por el gobierno de Estados Unidos como integrantes de redes de lavado de dinero de Los Cuinis, una rama del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Este semanario siempre se ha negado a atender las peticiones de Eliminalia, que dio entonces un paso más adelante y puso en marcha su otra estrategia, que consistió en solicitar a los proveedores de servidores que eliminen los contenidos alegando supuestas infracciones a la ya mencionada DMCA.

En el caso de Colorado Cessa, Eliminalia llenó un formulario de DMCA con Google para indicarle que una nota de Proceso sobre “Pancho” Colorado era un plagio de una nota publicada anteriormente en un sitio llamado “noticias-politica.com” por un tal Roberto Enríquez. “El contenido es obra propia. Ha sido copiado sin nuestra autorización”, aseveró la empresa en el formulario para pedir su remoción. El sitio ya no está en línea.

Ese fue también el caso del medio campechano Página 66, al que el proveedor de servicios Digital Ocean obligó a borrar una investigación realizada por el periodista Daniel Sánchez Barrientos, titulada “Malos antecedentes de la empresa que contrató ‘Alito’ para videovigilancia”. En él, el periodista evidenciaba irregularidades en el otorgamiento de contratos a la empresa Altavista, propiedad de Ricardo Alberto Orrantia Cantú.

A pesar de contar con el apoyo de la organización Artículo 19, Página 66 tuvo que retirar la nota en enero 2020, después de un acoso de un año y medio que culminó con la decisión de Digital Ocean de suspender el sitio hasta que se quitara la nota.

Los documentos internos de Eliminalia muestran que Orrantia Cantú se puso en contacto con Eliminalia a través de un intermediario, Humberto Herrera Rincón Gallardo, para desaparecer la nota. Y no solamente la de Página 66: también quería eliminar una nota de Milenio, otra en Oro Negro, una columna en El Economista y otra en El Financiero, así como una lista de notificaciones judiciales de su esposa en las plataformas BuhoLegal y poderjudicialvirtual. Todo ello, por más de 12 mil euros.

La estrategia, idéntica a la que Eliminalia empleó contra Proceso y cientos de otros sitios, tuvo éxito con Página 66: Gallardo llenó un formulario para reclamar que la investigación era un plagio de un texto publicado anteriormente por él mismo, en un sitio apócrifo llamado “informaciondura.com”.

Humberto Herrera Rincón Gallardo también hizo gestiones con Eliminalia para ayudar al despacho de abogados Ruiz Durán, S.C., y a su socio fundador, Diego Ruiz Durán, para eliminar notas que los vinculan con Humberto Castillejos Cervantes, el consejero jurídico de Peña Nieto acusado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de encabezar una red de extorsión durante el sexenio pasado.

A pesar de que su nombre aparece asociado con varios clientes de Eliminalia, Herrera niega haber trabajado con la empresa española y sostiene que “cualquier señalamiento contrario es categóricamente falso”.

Consultado en el marco de esta investigación, el empresario asevera que la gestión de Eliminalia contra Página 66 en su nombre “fue completamente indebida y sin mi conocimiento ni consentimiento”, y exhibe un correo electrónico de Eliminalia que plantea que él “no tiene relación alguna con esta oficina”.

Sortean Google

Otras veces, Eliminalia burla el algoritmo de Google mediante blacklinking, un método que consiste en inundar foros con mensajes que contienen vínculos hacia sitios apócrifos. A través de granjas de bots, la empresa genera un flujo de visitas a estos sitios para hacer creer a Google que están muy consultados, por lo que los coloca hacia arriba en su motor de búsqueda.

La práctica de crear sitios falsos, aunque onerosa, ha sido relativamente común en Eliminalia: la organización sueca Qurium ha identificado 622 portales apócrifos que la empresa española utilizó para limpiar reputaciones, en los cuales colocó por lo menos tres mil 350 falsos artículos, relativos a 48 personas y empresas de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, República Dominicana, Italia, Israel, México, Sudáfrica, España, Suiza, el Reino Unido y Venezuela.

Utilizando como fachada el correo [email protected]. Eliminalia trata de eliminar decenas de notas en varios países mediante la misma estrategia de presión hacia las plataformas de alojamiento de sitios de internet.

Emplea el servicio

De acuerdo con los archivos internos de Eliminalia, el segundo mayor cliente mexicano de la empresa fue Humberto Moreira Valdés. En este caso, el trato fue indirecto: la empresa Unipolares y Espectaculares del Norte, de la que es accionista principal, pagó más de 65 mil dólares a la empresa española en 2014 para borrar de Internet decenas de notas negativas sobre la vida de Moreira en Barcelona, sobre el asesinato de su hijo o sobre diversos señalamientos de corrupción.

En respuesta a un cuestionario, Francisco Espinoza, cuyo contacto apareció en la base de datos de Eliminalia, aseveró que la empresa española “ofreció” a Unipolares y Espectaculares del Norte sus servicios para desindexar notas periodísticas “basadas en rumores y calumnias” que “dañaban su imagen y crecimiento como empresa”.

Con información de Forbidden Stories,  Proceso y Mathieu Tourliere.