“No se puede gobernar a base de impulsos, de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes”. 

Benito Juárez

El 9 de mayo la diputada de Morena Carmen Patricia Armendáriz tuiteó: “La parte del ‘Plan B’ que la SCJN ‘deshechó’ [sic] simplemente se refería a bajarles el sueldo a los consejeros del INE. ¿Eso es votar por el bien de México?”.

Llama la atención las faltas de ortografía, el que escriba “deshechó” en vez de “desechó”, pero mucho más la confesión abierta de que no leyó las leyes por las que votó el 6 de diciembre de 2022 y que la Suprema Corte invalidó el 8 de mayo. Ninguna de las dos toca el sueldo de los consejeros.

No culpo a la diputada por no haber leído las iniciativas de reforma a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que se aprobaron con tanta prisa ese 6 de diciembre. No creo que ningún otro legislador haya tenido tiempo de hacerlo. Precisamente por eso la Corte las invalidó, porque no se permitió la deliberación informada, ni se respetaron los derechos de las minorías en el proceso legislativo.

El fallo es incuestionable. Incluso el ministro Arturo Zaldívar, tan cercano al Presidente, votó por la invalidación. Las violaciones al proceso legislativo no solo fueron numerosas y graves, sino que se cometieron abiertamente.

El presidente López Obrador quería quebrantar las normas parlamentarias para que la Corte tuviera que anular las leyes. Era parte de una estrategia para atacar a la Suprema Corte y al Poder Judicial.

El “coro de los grillos” –en la frase de Antonio Machado– se ha unido a la voz del Presidente. Hoy los políticos del régimen repiten, como si la idea hubiera descendido del Espíritu Santo, que los jueces, magistrados y ministros son corruptos y, para remediarlo, deben ser electos por voto popular.

No toman en cuenta el costo de esas elecciones, ni los daños que causaría la politización del proceso. Olvidan que la función de los jueces es garantizar la justicia, no hacer política.

Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena, quien en repetidas ocasiones señaló las ilegalidades del “Plan B” y de la vía rápida, se alegró el 8 de mayo “como constitucionalista” de “que haya contrapesos”.

“Hoy nos tocó al Poder Legislativo que nos enmienden la plana”, porque hubo “vicios en el procedimiento, y ellos tienen los elementos, porque la Constitución los consagra como la instancia de revisión de nuestros actos”. Un día después cambió de opinión, se quejó de los privilegios de los ministros y amenazó con fincarles juicio político.

El Presidente ha atacado de manera sistemática a la Suprema Corte, al Poder Judicial y a varios ministros, entre ellos a la presidenta Norma Piña y a Alberto Pérez Dayán y Javier Laynez Potisek. Omite siempre al ministro Zaldívar, que también votó por invalidar esas leyes, porque públicamente le ha expresado su confianza.

Al acusar al Poder Judicial de corrupción, sin embargo, olvida que él hizo aprobar en el Congreso en 2021 una “gran reforma judicial” elaborada por Zaldívar que supuestamente eliminaba la corrupción.

AMLO afirma que todos los problemas del Poder Judicial se arreglarían con una reforma constitucional “para que el pueblo elija a los ministros, como lo establecía la Constitución liberal de 1857, la época del presidente Benito Juárez”. Esa carta magna, efectivamente, establecía que los entonces llamados “magistrados” debían ser electos, pero no por voto popular, sino por votación “indirecta en primer grado”.

Aun así, si el voto popular eliminara la corrupción, México ya no padecería este mal, pero solo el Presidente y su pañuelito blanco creen que ha desaparecido en este Gobierno.

Santo Domingo

Ante el otorgamiento a la ministra Norma Piña del Premio de Derechos Humanos de 2023 de la Asociación Internacional de Juezas, el Presidente comentó: “Esos premios se pueden conseguir en la plaza de Santo Domingo”. Su odio a la ministra y a la Corte es ya patológico.