Ayer se difirió hasta el 27 de diciembre una etapa más de la casi circunstancial y atemporal vinculación a proceso de Ismael Eugenio Ramos Flores, “Lito”, exalcalde de Saltillo gracias a la Divina Providencia, y exsecretario de Finanzas del Estado que permaneció sentado sobre un barril de pólvora durante la Administración de Rubén Moreira.

Lo anterior al estilo “Estados Unidos de América vs Héctor Javier Villarreal”, el juicio que se desarrolla en Texas contra otro extesorero de Coahuila que ha postergado su sentencia en más de 20 ocasiones durante los últimos nueve años.

En el caso que nos ocupa, la Fiscalía General de la República acusa a “Lito” de desviar 475 millones de pesos del fondo federal identificado como Fortalecimiento Financiero (Fortafin), asignado de manera discrecional a los estados desde la Unidad de Política y Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Y antes de continuar, un paréntesis: quien dispersaba esos recursos, Isaac Gamboa Lozano, colaborador del entonces secretario Luis Videgaray, fue asesinado a sangre fría en extrañas circunstancias el 21 de mayo de 2020, dentro de su residencia en Temixco, Morelos.

El dinero fue diluido a través de empresas fantasma mediante 15 contratos simulados, según documentó la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en la carpeta identificada con el folio FED/FECC/FECC-COAH/0000087/201, a raíz de una denuncia de la Secretaría de la Función Pública en 2019.

Pero no descubren el hilo negro. El 4 de octubre de 2016 se presentó una denuncia en Coahuila por el mismo asunto, “en contra de quien resulte responsable por el delito de simulación de hecho equiparado al fraude, o cualquier otro que pudiera resultar”, la cual conforma la carpeta de investigación DGUI-013/2016. Ni siquiera existía entonces la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, la cual fue creada en 2017.

Inclusive la Auditoría Superior del Estado, en respuesta a un punto de acuerdo aprobado por el Congreso de Coahuila el 26 de septiembre de 2016, hizo una revisión especial del tema, concretamente “conceptos específicos relativos a determinadas operaciones financieras en los ejercicios 2015 y 2016”.

Ahí encontró que 13 razones sociales (Asha Consultores Especializados, Centro de Especialidades Corporativas, Distribuidora Universal Tobosa, Comercializadora Vilansa, Constructora y Comercializadora Sara, Consultora Murano, Consultorías Bardo, Grupo SJ3, Hotelería y Alimentos GRF, Nuberia Comercial de México, Operadora de Negocios Egeo, Riviera Álamo, y Consultoría Integral Vizel) obtuvieron 494.6 millones de pesos de la Secretaría de Finanzas entre 2014 y 2016 de manera irregular.

Ha llovido mucho desde entonces (y eso que llueve poco).

Ayer Benito Edgardo Hernández Luna, juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal federal de Torreón, pausó el proceso hasta el 27 de diciembre a las 16:00 horas -sin explicar por qué ese día y por qué ése término, a escasas horas del Día de los Santos Inocentes-, considerando que la defensa de “Lito” presentó una apelación contra el auto de vinculación a proceso penal, la cual no ha sido resuelta a la fecha.

Tácticas dilatorias, para ganar tiempo.

La audiencia inicial se desarrolló el 9 de agosto del año pasado, la de ayer se consideraba intermedia. Ambas dentro de la causa penal 157/2022.

Ahora bien, en el catálogo de delitos por hechos de corrupción, el peculado -específicamente su acción penal- prescribe en 7 años contados a partir de la comisión de la conducta punible, como señala el Artículo 223 del Código Penal Federal. Esto quiere decir que al tratarse de un delito continuado, cuya finalización se presume en diciembre de 2016, nos encontramos a escasos meses de que sea exonerado.

Cortita y al pie

Es feo pensarlo, decirlo en voz alta, y todavía más ponerlo por escrito. Pero a varios de quienes asistieron a Rubén Moreira en el círculo más cercano de colaboración, les pasó lo mismo que a quienes descubren un tesoro: tuvieron un final funesto inesperado. Es el caso de Edgar Julián Montoya de la Rosa, subsecretario de Egresos y Administración; Víctor Zamora Rodríguez, secretario de Gobierno; y a últimas fechas Felipe Ramos Jiménez, secretario particular, quienes fallecieron relativamente jóvenes y de manera insospechada. Otros más, “Lito” es uno de ellos, conservan la vida, aunque con enfermedades crónicas o experiencias de episodios médicos de urgencias.

La última y nos vamos

Pasaron las elecciones de Gobernador en Coahuila y nadie -de la “oposición”- capitalizó el affaire con “Lito”. Acabará también el sexenio vigente y se convertirá en un problema transexenal.

Sin pasaporte y obligado a permanecer en la ciudad, sólo espera que avance el calendario para quedar en libertad.