Ciudad de México.- México, 2010. En Tamaulipas, el Ejército asesina a dos niños de 9 y 5 años en un supuesto enfrentamiento armado con delincuentes. Nuevo León: el Ejército mata al arquitecto Fernando Osorio, que no estaba armado. Tabasco 2009: Raúl Brindis muere mientras se hallaba bajo custodia policial. Tanhuato, Iguala, Veracruz… La guerra contra el narco ha justificado incontables atrocidades que caben en la definición de crímenes de lesa humanidad y así deben ser procesados, denuncia la organización internacional Open Society Justice Initiative. 

Desde diciembre de 2006 –cuando el gobierno de Felipe Calderón inició una lucha frontal contra el crimen organizado– hasta el mismo mes de 2015, han sido asesinadas con dolo 150 mil personas en México, según la organización. Los asesinatos son atribuibles a la violencia de la delincuencia y a la estrategia de seguridad del Estado, que ha recurrido “excesivamente al uso indiscriminado y extrajudicial de la fuerza” para combatirla durante esa Administración y la actual, de Enrique Peña.

En un informe titulado Atrocidades Innegables que se presentará este martes, Open Society sentencia que los asesinatos, desapariciones forzadas y torturas perpetradas tanto por el Gobierno como por miembros del cártel de Los Zetas son crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con la definición legal del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, mecanismo suscrito por México desde enero de 2006.

El Artículo 7 del Estatuto de Roma define a los crímenes de lesa humanidad como actos que sean parte de “un ataque generalizado o sistemático contra una población civil (…) perpetrados tanto por fuerzas gubernamentales, como por grupos armados organizados”. Investigar y juzgar las atrocidades ocurridas en México desde hace casi una década bajo esta categoría y no como crímenes ordinarios permitiría evaluar la responsabilidad penal hacia arriba en la cadena de mando, indica la organización especializada en justicia penal internacional.

CIFRAS IMPRECISAS

El informe coincide con los de otras organizaciones de derechos humanos que han advertido del incremento de los asesinatos en México desde 2007, llegando a un pico anual en 2011, cuando llegó a 22.852. Y la mayoría quedan impunes: de principios de 2007 hasta 2012 sólo se produjeron condenas en aproximadamente uno de cada 10 casos de homicidio, según el reporte.

Entre las víctimas hay delincuentes pero también muchos “falsos positivos”, según Open Society: civiles acusados sin ningún fundamento de participar en actividades criminales, a menudo torturadas para que se autoincriminen o señalen a otros, y frecuentemente víctimas de desaparición o asesinato.

Otra de las atrocidades “innegables” es la muerte de civiles en medio del fuego cruzado entre policías o soldados y delincuentes –como los dos estudiantes de una prestigiada universidad en Monterrey, en 2010– en una “estrategia imprudente, el ‘daño colateral’ de la batalla entre el Gobierno y los cárteles”, indica la organización.

LM