Muy acorde con la austeridad republicana de AMLO, y para sorpresa de todos, el pasado 11 de diciembre del 2019 el diputado Juan Antonio García Villa, del grupo parlamentario del PAN, presentó una iniciativa con proyecto de decreto ante el Pleno del Congreso del Estado, con la cual pretende se derogue el artículo 100 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Coahuila.

Este artículo que busca quitar, establece en el primero de sus párrafos que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, de los tribunales especializados y de los tribunales distritales, al final de su respectiva gestión, tendrán derecho a un “haber por retiro”, que comprenderá las percepciones de por lo menos un año, según corresponda, así como a las demás prestaciones legales. Es decir, que dicha canonjía es una prestación adicional a la pensión jubilatoria, o lo que es lo mismo, pudiera considerarse como un bono extra o gratificación por buena gente. Debo mencionar que ya en la práctica dicho “haber por retiro” o prestación adicional, se eleva a la cantidad de un millón 545 mil pesos. Como si el horno estuviera para bollos.

Debo mencionar que los diputados panistas, muy metidos ahora en su papel de defensores de la economía coahuilense, y con todo el ánimo de suplir las omisiones y carencias evidentes de los legisladores morenistas que jamás dieron señales de vida, y que se supone debieran abanderar esta iniciativa, por aquello de la disminución del gasto público que tanto promueve su Presidente, fundaron su petición de derogar este complaciente artículo, en el simple razonamiento de que, desde la misma promulgación del precepto, absolutamente nadie se dio a la tarea de explicar cuál había sido la razón que motivó a aquella legislatura para incluir semejante prestación en la ley, es decir, que jamás se dijo por qué era necesario dar esa prestación a los magistrados o bien, por lo menos, que dijeran cuál sería el beneficio social que traería aquella tierna y bien intencionada acción.

Es necesario recordar que este famoso artículo 100 Bis, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Coahuila, fue una de las principales novedades que contenía aquella iniciativa de ley recibida por nuestro Congreso el 11 de diciembre de 2007, la cual fue enviada por el entonces gobernador Humberto Moreira Valdés a complacencia y como un buen favor, en el mejor de los casos, hacia el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Iniciativa dictaminada de inmediato por la comisión respectiva en fecha del 17 de diciembre del mismo año y aprobada por el Pleno del Congreso, extrañamente, al día siguiente. De igual forma es de recordar que la misma iniciativa propuso modificaciones a 94 artículos de dicha ley orgánica, así como la derogación de 11 numerales y la adición de 6 nuevos, en su mayoría cuestionables tal cual sucede con este 100 Bis.

Así pues, con esta acción se hace evidente que en nuestro estado aún faltan muchas cosas por descubrir y por hacer en materia de reducción de gastos excesivos y despilfarros en las instituciones gubernamentales, y en este caso tocó al Poder Judicial, en el cual, por desgracia, si hay algo que le caracteriza lo es precisamente la falta de recursos económicos que lo mantiene postrado en la disfuncionalidad y la ineficiencia.