Esta operación se enmarcó en una jornada violenta el jueves, en la que otras 19 personas fueron asesinadas en una aldea del municipio de Trujillo (departamento de Colón), asediada por grupos criminales, según las autoridades.
Los cinco policías fueron ejecutados en el municipio de Omoa (Cortés), tras allanar una vivienda donde se refugiaban miembros de una banda liderada por el hondureño Heber Argueta, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), señaló el reporte oficial.
Dos civiles también murieron en el tiroteo y se investiga su presunta participación en los hechos.
Argueta “tuvo en su momento vínculos con esta estructura de ‘El Mencho’, por lo cual recibió conocimiento y tratamiento especializado para poder venir a organizarla acá en este sector”, declaró a periodistas Wilber Mayes, director de comunicación de la policía.Nemesio Oseguera, alias El Mencho, jefe del CJNG y por quien Estados Unidos ofrecía 15 millones de dólares, fue abatido por las fuerzas de seguridad mexicanas en febrero pasado.
Las autoridades hondureñas no han confirmado si Argueta se encontraba en la vivienda allanada, donde los agentes fueron atacados a tiros, secuestrados y posteriormente asesinados en un poblado cercano a la frontera con Guatemala.
Dos hondureños procedentes del lugar del ataque fueron localizados en un hospital de la población guatemalteca de Puerto Barrios, donde permanecen custodiados por autoridades bajo sospechas de pertenecer a la célula criminal.
Tras el revés en Omoa, el gobierno suspendió el jueves al director y otros dos altos mandos de la división antipandillas, al señalar que el operativo no siguió los “protocolos de legalidad”.
El jueves de madrugada, un comando armado asesinó a 19 personas en una finca de Trujillo, una población bajo el azote de dos bandas rivales que usurpan tierras de una empresa privada para la explotación de palma africana, además de disputarse rutas del narcotráfico, según las autoridades.
La escalada de violencia se produjo luego de que el Congreso de Honduras aprobara el lunes una reforma que autoriza a los militares a participar en tareas de seguridad pública, endurece las penas por extorsión y permite catalogar a carteles y pandillas como organizaciones terroristas.
