Ciudad de México.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma que aumenta las penas por el delito de despojo, y establece como una agravante que este delito se cometa en contra de personas adultas mayores, con discapacidad o en situación de vulnerabilidad.

La reforma modifica el Código Penal Federal para incrementar de seis a 10 años de cárcel, y de 500 a dos mil UMA la sanción para quien cometa el delito de despojo.

Actualmente, se establece una pena de tres meses a cinco años de prisión y una multa de 50 a 500 pesos.

El proyecto adiciona un artículo 395 Bis, para establecer que la pena aumentara hasta 15 años cuando el despojo se cometa en contra de personas adultas mayores, con discapacidad o en situación de vulnerabilidad o cuando el delito sea cometido por un servidor público.
Además, señala que a estas penas se acumulará la que corresponde por el uso de violencia o amenaza en la comisión del delito.

De acuerdo con la exposición de motivos, la finalidad de la reforma es proteger el derecho de las personas a disfrutar y disponer de sus bienes, ya sean muebles o inmuebles, sobre los que tengan algún tipo de derecho.

“La finalidad principal de las iniciativas es la de definir agravantes para el delito de despojo y el de robo cuando éstos se cometan contra personas adultas mayores, que son un grupo en situación de vulnerabilidad, y, de esta manera, ampliar la protección que la legislación penal otorga al derecho que estos grupos de personas tienen a disfrutar y disponer de los bienes”, indica.

La reforma fue aprobada por unanimidad, con 413 votos, y se turnó al Senado de la República.

Al presentar la modificación, el diputado de Morena, Gerardo Ulloa, reconoció que el despojo es un problema que lastima a la sociedad y que últimamente ha golpeado a los sectores más vulnerables.

Indicó que esta conducta ilícita se ha incrementado de forma continua a escala nacional. Como ejemplo, detalló que en el Estado de México se registraron más de 42 mil casos de 2015 a 2025.

Los municipios más afectados, aseguró, son Nezahualcóyotl, Ecatepec, Chimalhuacán, Los Reyes, Valle de Chalco, Chalco, Tecámac, entre otros.

“Estos datos nos demuestran que el derecho a la propiedad está siendo vulnerado y que las familias mexicanas hoy viven con miedo a perder lo que con tanto trabajo construyeron”, señaló.

Ulloa calificó como un “insulto a la ciudadanía” las sanciones que hoy considera el Código Penal y que van de tres meses a cinco años de prisión y multa de 50 a 500 pesos.

“Por ello proponemos que la pena de prisión y multa económica aumente, y más para los servidores públicos involucrados. Porque hay que decirlo con claridad y con firmeza, este delito ha aumentado no solo por omisión o las complacencias de las autoridades, sino por la complicidad de servidores públicos, organizados con los grupos criminales y delincuentes que llevan a cabo este delito”, dijo.