Monclova, Coah.- El proceso de quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA) y la publicación de la segunda convocatoria para el remate de sus activos, marchan con firmeza y sin contratiempos legales, aseguró Julián Torres Ávalos, líder del grupo de Defensa Laboral para los Trabajadores de la Siderúrgica. Lo anterior, luego de que trascendió la cancelación del amparo promovido por el ex director general de la empresa, Luis Zamudio Miechelsen, un hecho que, a decir del representante, carece de un impacto directo en el concurso mercantil y en el destino de la masa de bienes destinada a la venta.

El dirigente dijo que el recurso legal promovido contra el ex directivo responde a reclamos sobre propiedades que nunca formaron parte de los activos contemplados para la subasta de la acerera. Explicó que la separación de carpetas judiciales garantiza que la ruta trazada para la liquidación de la empresa siga su curso habitual, independientemente de los litigios particulares que enfrenten los antiguos mandos de la compañía por presuntos malos manejos.

“Estamos ante dos canales jurídicos totalmente distintos que no interfieren con el expediente central de la quiebra. Lo que vemos con esto es que finalmente se empieza a actuar contra quienes saquearon la empresa, una demanda histórica de nuestra parte. Es necesario que se sancione a los responsables, pero ese es un carril ajeno al dinero y los bienes con los que se nos va a pagar”, detalló.

Torres Ávalos declaró respecto a la velocidad con la que se ha desarrollado el remate de la siderúrgica, el líder laboral reconoció que la expectativa de los obreros es alta, pero defendió la rigurosidad con la que el juzgado correspondiente está manejando los tiempos procesales.

Explicó que el estricto apego a la ley es la única garantía para evitar futuras impugnaciones que congelen de forma definitiva los recursos económicos que legalmente les corresponden a los trabajadores afectados.

“A veces la desesperación nos gana porque los días pasan y parece que no hay noticias, pero debemos ser realistas: es preferible un proceso lento pero blindado jurídicamente, a uno rápido que se caiga después por un amparo. El caso de Zamudio es un asunto penal o administrativo que a nosotros no nos frena; la garantía que tenemos es que los plazos de la ley se respetan y el Gobierno federal está vigilando de cerca que no haya anomalías”, concluyó.