Saltillo, Coah.- El caso de Jasper, el perro que fue víctima de maltrato y posteriormente asesinado en el municipio de Arteaga, continúa avanzando en el ámbito legal. La audiencia inicial del proceso penal está programada para el próximo 10 de julio, gracias al trabajo conjunto entre asociaciones civiles y autoridades estatales.

De acuerdo con Zulema Martínez, representante de asociaciones civiles en el estado, que ha dado seguimiento cercano al caso, este es un tema que no puede quedar impune por lo que agradeció la pronta respuesta de la Fiscalía General del Estado en este tema.

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Hemos estado trabajando muy de cerca con la fiscalía, en coordinación con Julio Loera, delegado regional, y el coordinador José Salva de Arteaga, así como con el apoyo jurídico del licenciado Alejandro Gutiérrez. Gracias a esta colaboración, logramos adelantar la audiencia que originalmente estaba prevista para septiembre”, informó.

La entrevistada explicó que en días pasados se presentó ante el ministerio público la esposa del imputado con la intención de explorar una posible negociación, sin embargo, la postura de los activistas fue contundente: la justicia no es negociable, menos cuando se trata de seres vivos que no tienen voz.

Se espera que en los próximos días el imputado reciba una orden de presentación, ya que no acudió a declarar voluntariamente al Ministerio Público. Además, está prevista una audiencia previa al 10 de julio en la que se abordarán posibles medidas de restricción.

Zulema Martínez subrayó que lo que buscan no es venganza, sino justicia y un precedente que contribuya a erradicar la crueldad animal en la región. “Lo que le ocurrió a Jasper no debe volver a pasar. Queremos que la sociedad entienda que estos actos tienen consecuencias legales reales.”

Por su parte Hernán Aguirre, rescatista independiente que también participa activamente en el proceso para encontrar justicia para Jasper indicó que el objetivo principal del colectivo es claro: que se aplique la ley sin mediar acuerdos ni negociaciones.

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No se trata de buscar reparaciones económicas ni arreglos. Queremos que se aplique el artículo 261 del Código Penal por el delito de maltrato animal y sus agravantes. Este caso debe llegar hasta las últimas consecuencias para sentar un precedente legal y social en Coahuila”, señaló.