No es cierto que las Fuerzas Armadas, en su papel actual de policías federales, se hayan dedicado a repartir abrazos a los integrantes del crimen organizado. Los enfrentamientos con delincuentes y las detenciones siguen siendo tan comunes como en los tiempos de la “guerra contra las drogas”, que oficialmente ya terminó.

Lo vimos el 9 de agosto con la aprehensión de Ricardo Ruiz Velasco, el “Doble R”, operador del cártel Jalisco Nueva Generación en Jalisco y la zona del Bajío.

La respuesta fue una oleada de violencia en la que los miembros de la organización quemaron taxis, autos particulares, autobuses y comercios durante horas. Estas acciones empezaron en Jalisco, pero se extendieron a distintos puntos del estado de Guanajuato.

El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, señaló que después de un enfrentamiento entre el Ejército y miembros de la delincuencia organizada, en la colindancia entre Ixtlahuacán del Río y Cuquío, los delincuentes comenzaron a incendiar vehículos sobre la carretera Zapopan a Saltillo para “evitar el paso de las corporaciones”.

“Afortunadamente no hay ningún lesionado”, informó el Gobernador el martes por la noche. “La situación está bajo control y estamos trabajando en el tema en coordinación entre los tres niveles de Gobierno”.

El propio presidente López Obrador dijo que el enfrentamiento tuvo lugar cuando “llegó la Secretaría de la Defensa” a una reunión entre dos bandas, pero no dio más detalles.

La colaboración entre los tres niveles de Gobierno que menciona el Gobernador es una buena noticia, sobre todo si se consideran las diferencias que ha habido entre el Gobierno de Jalisco y el federal.

La mala, sin embargo, es la manera en que los grupos criminales reaccionan, atacando a inocentes, ante las detenciones de sus líderes. La captura y posterior liberación de Ovidio Guzmán en Culiacán, dejó una lección a los criminales, que siguen tratando de amedrentar a las fuerzas de seguridad para que suelten a sus compañeros. Esta vez, sin embargo, no se ordenó la liberación del detenido.

Es claro que la guerra contra las drogas no ha terminado. La Secretaría de la Defensa, que hoy lleva la batuta en este conflicto, ha señalado que de diciembre de 2018 a al 31 de julio de 2022 han sido detenidas 27,194 personas por delitos de narcotráfico. En el mismo período se han decomisado 470,027 kilogramos de mariguana, 37,760 de cocaína, 712 de goma de opio y 1,065 de heroína. No son cifras de un país que haya ganado la guerra o haya decidido rendirse unilateralmente.

Yo, por lo pronto, aplaudo que, a pesar de la retórica de los políticos en el poder, las fuerzas armadas convertidas en policía federal sigan combatiendo al crimen organizado.

Sería muy preocupante, en efecto, que el Gobierno simplemente decidiera no aplicar la ley y empezara a repartir abrazos entre los delincuentes. Lo anterior no significa, sin embargo, que no debamos tomar medidas para atacar de fondo el problema de la violencia que sigue sufriendo nuestro país, el cual es producto de la prohibición.

Coincido con las posiciones retóricas del Presidente. Es imprescindible acabar ya con una guerra que no podemos ganar, pero que genera una violencia constante que afecta no solo a los narcotraficantes sino a la sociedad en general.

No se pone fin a una guerra, sin embargo, con simples declaraciones políticas. En lugar de defender una estrategia quimérica de abrazos y no balazos, debemos tomar ya medidas concretas para despenalizar las drogas.

Investigadores

Ayer se publicó finalmente en el Diario Oficial de la Federación el nuevo reglamento del Sistema Nacional de Investigadores. Bajo la excusa de ahorrar dinero, que después Concayt entrega a las obras favoritas del Presidente, se están eliminando los apoyos a los investigadores en instituciones privadas. Es un acto abierto de discriminación.