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Batalla por una vacuna

Por Peniley Ramírez

Hace 1 mes

Miguel Castañeda es abogado fiscalista y padre de dos adolescentes de 12 y 14 años. También es el primer litigante que ha obtenido en México una suspensión judicial conocida para que se vacune contra Covid-19 a dos menores que están sanos y no tienen ninguna comorbilidad.

“Hubo otras suspensiones anteriores para niños con problemas de salud. Pero mis hijos están sanos. Les otorgan la suspensión para que los vacunen solo porque son niños y tienen derecho a proteger su salud y no ser discriminados por su edad”, me dijo Castañeda.

Justamente porque se trata de niños sanos, su caso significa un antes y un después en la batalla judicial que han emprendido cientos de familias en México para que se vacune a sus pequeños, ante la política de vacunación federal, que aún no los contempla.

Obtuve para esta columna el expediente del caso y la oprobiosa respuesta de la Secretaría de Salud. En resumen, dicen que un niño vacunado es una afectación al interés general y que no hay pruebas de que las vacunas les hagan bien, que no los dañen. Como soporte, no presentan estudios médicos, sino artículos de prensa. La respuesta contradice otros documentos oficiales.

Explico. El 11 de mayo se publicó la Política Nacional de Vacunación contra el Covid-19 (Versión 6.0). Allí se señaló que “hasta el momento, ninguna de las vacunas disponibles en México puede ser utilizadas en personas menores de 16 años”. El mismo documento señala que esas personas están “en condición de vulnerabilidad, pues se trata de niñas, niños y adolescentes”.

Un mes más tarde, el Comité de Moléculas Nuevas de Cofepris dio una opinión favorable, por unanimidad, para que se ampliara la vacunación con Pfizer a adolescentes. El anuncio advirtió que “el biológico cumple los requisitos de calidad, seguridad y eficacia”.

Pocos días después Pfizer presentó la documentación de soporte. El 24 de junio Cofepris publicó que el proceso de aprobación para los menores estaba listo. Para saber cuándo debían vacunarse, debían seguir la Política Nacional de Vacunación, la que aprobaron en mayo.

Si había una modificación tan importante –incluir a los menores– ¿no sería urgente que se actualizara esa política de vacunación? Busqué en los registros públicos y comunicados si hay otro documento más reciente de la Política. No encontré. Pregunté a la Secretaría. Respondieron que lo consultarían. Y en septiembre, la propia Secretaría confirmó por escrito que la Política vigente era la de mayo, anterior a la aprobación de Pfizer para los adolescentes.

En la primera semana de septiembre, Castañeda presentó un amparo en la Ciudad de México para que vacunaran a sus hijos. Alegó que la Secretaría de Salud violaba sus derechos. Un día después, la jueza Laura Gutiérrez de Velasco otorgó la suspensión y ordenó que se les vacune.

La Secretaría respondió a través de la oficina de su abogada general, con un escrito de queja. Alegaron que esos niños no tenían derechos superiores a los otros millones de niños en México. Añadieron que “la posibilidad que existe de contraer el virus Sars-CoV-2 no conlleva indefectiblemente a la pérdida de la vida”. O sea que, en la versión de la Secretaría: en una de esas no se mueren, no es para tanto.

Quizá lo más grave es que dijeron que “no se cuenta con estudios y análisis específicos de seguridad y eficacia en menores”. En el momento cuando remitieron esta queja habían pasado más de dos meses desde que Cofepris autorizó la vacunación con Pfizer para adolescentes en México, diciendo que era segura y eficaz.

La jueza ha respondido a la Secretaría que la suspensión se mantiene y les dio tres días, que comenzaron el viernes 17 de septiembre, para que vacunen a los hijos de Castañeda. La Ley de Amparo establece que, si incumplen, las penas para los funcionarios podrían ser de tres a siete años de cárcel, o tres a siete años de inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Veremos qué sucede. Mientras tanto, Castañeda está ayudando a otras personas que quieren presentar amparos para que vacunen a sus adolescentes. Dice que sabe que él tiene un privilegio, porque es abogado, sabe cómo defenderse legalmente, y se siente obligado a compartir lo que ha logrado.

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