El examen que la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) solicitó a la Corte Penal Internacional (CPI) sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Coahuila entre 2009 y 2016, aunados al sinnúmero de casos registrados en los años subsecuentes, escaló del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) a la ONU y se convirtió en bomba política. El CED pidió el 2 de abril al secretario general de las Naciones Unidas remitir a la Asamblea General, de manera perentoria, “la situación de las desapariciones forzadas en México”. El documento plantea “apoyar al Estado Parte en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen”. (La condición de Estado Parte somete a naciones soberanas a obligaciones jurídicas vinculantes).

La solicitud se funda en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada (CIPPED). El artículo 34 dispone: “Si el Comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundamentados de que la desaparición forzada se practica en forma generalizada o sistemática […], y tras haber solicitado del Estado Parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar la cuestión, con carácter de urgente, a la Asamblea General de las Naciones Unidas […]”.

Coahuila no es matriz de ninguna organización nacional dedicada al narcotráfico, pero ser la entidad más citada por el CED (nueve veces), junto con Nayarit, habla de un problema subyacente ignorado por las autoridades. En el estado del Pacífico la colusión entre autoridades y el crimen organizado ha tenido consecuencias. El exfiscal Édgar Veytia fue extraditado a Estados Unidos, donde se declaró culpable de conspirar para fabricar y distribuir heroína, cocaína y otras drogas. En Coahuila la impunidad es otra de las herencias del moreirato. Los exgobernadores en cuyos mandatos ocurrieron las masacres y desapariciones denunciadas ante la CPI, expuestas también por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, hacen su vida como si tal cosa.

Después de Coahuila y Nayarit, los estados más observados por el CED son Veracruz y Jalisco. Les siguen Guanajuato, Estado de México, Baja California, Tabasco y Morelos. En el informe no figuran Guerrero y Michoacán. El artículo 2 de la Cipped entiende por desaparición forzada “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida”.

Por tanto, “La práctica generalizada o sistemática de desapariciones forzadas constituye un crimen de lesa humanidad […] y entraña las consecuencias previstas por el derecho internacional aplicable” (artículo 5). Estas son: responsabilidad penal individual, imprescriptibilidad, jurisdicción universal y reparación a las víctimas. El Estatuto de Roma faculta a la CPI a imponer penas de hasta 30 años o cadena perpetua. Con la ratificación de la Cipped en 2008, (segundo año de la guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico), “México asumió la obligación de prevenir, tipificar la desaparición forzada, investigar y sancionar a los responsables y garantizar los derechos de las víctimas”. Existen motivos de sobra para que los gobernadores y funcionarios que supieron de las desapariciones forzadas y no hicieron nada para evitarlas, esta vez sí se preocupen.