Coahuila ha dedicado al servicio de la deuda 5 mil 113 millones de pesos (mdp) anuales en promedio desde 2012. Más del 85% corresponde a intereses. La cifra escaló en los últimos años hasta representar cerca del 10% del gasto público estatal, cuando el pago por amortizaciones empezó a subir. El presupuesto de este año asigna 6 mil 907 mdp al adeudo: 4 mil 493 para intereses y 2 mil 052 mdp para capital. En septiembre la deuda pública directa cerró en 36 mil 759 mdp; la mayoría es a largo plazo (Secretaría de Finanzas).

En los 13 últimos años, Coahuila ha pagado más de 66 mil mdp, casi el doble de los créditos concedidos entre 2008 y 2011 por una banca que aprovechó el río revuelto y el desafuero del grupo gobernante para hincar el diente. Humberto Moreira recibió de la Administración de Enrique Martínez una deuda por 323 mdp; en 2007 subió a 486 mdp, y cuatro años después alcanzó la cifra estratosférica de 36 mil 509 mdp, de acuerdo con el informe Deuda pública del Estado de Coahuila, 1993-2015, elaborado por la Dirección de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados.

Empero, en el presupuesto de egresos de 2011 sólo se etiquetaron 190 mdp para pagar capital e intereses sin especificar su distribución. Un año después, con el moreirazo descubierto, la borrachera de poder pasó factura: el servicio de la deuda se disparó a 4 mil 627 mdp, algo así como el 15% del presupuesto. El estudio observa dos rasgos comunes en las leyes que regulan la deuda pública subnacional: “Primero, los empréstitos o créditos contratados por los gobiernos estatales o municipales deberán destinarse a inversiones públicas productivas, prohibiendo implícitamente destinarla para el financiamiento del gasto corriente;

“Y, segundo, la autorización del financiamiento público es responsabilidad de los respectivos congresos locales, quienes en uso de sus facultades aprueben los programas financieros del Gobierno estatal con una mayoría calificada (dos terceras partes de sus miembros presentes), fijando restricciones al endeudamiento en función de variables de tipo fiscal y financiero”. El Gobierno de Coahuila, como se observa, violó ambos preceptos, pues gran parte de los créditos no se aplicó en inversiones productivas, sino en gasto corriente e incluso en campañas políticas. No solo eso: el 73.4% de los créditos se gestionó a espaldas de los diputados (El caso Coahuila: créditos sin autorización del Congreso, Animal Político, 29.11.12).

Si el Gobierno contaba en la LVIII legislatura con mayoría calificada para contratar créditos, ¿por qué, en vez de utilizar la vía constitucional, hizo todo lo posible para evadirla? Los 35 mil 540 millones de pesos reportados por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASEC) dan la respuesta: el monto era inexplicable y rebasaba la capacidad de endeudamiento del estado. Además, había otra irregularidad que ocultar: al menos una sexta parte de los créditos se negoció con documentos falsos. Para más inri, el Congreso legalizó la deuda que no autorizó. Todos en el moreirato han hecho su parte para que la burla permanezca aún hoy impune. Los organismos, partidos y empresarios que aplaudieron guardan silencio como si nada hubiera sucedido. La sociedad, por falta de información oportuna y suficiente o por abulia, se ha limitado a pagar una deuda cuyo destino ignora. Nadie alzó la voz y tampoco nadie fue a prisión por el atraco.