Toluca, Edomex.– Con el objetivo de frenar la destrucción de evidencia en casos de personas desaparecidas, el Congreso del Estado de México analiza una reforma integral al Código Penal y a la Ley Orgánica Municipal. La iniciativa busca imponer penas de hasta 12 años de prisión a quienes incineren, sepulten o destruyan cadáveres o restos humanos cuya identidad no haya sido establecida oficialmente.

El “blindaje” contra la impunidad en funerarias

La propuesta, impulsada por la diputada Johana Alejandra Felipe Torres (PAN), surge ante la sospecha de colusión entre criminales y responsables de funerarias, panteones o crematorios. La legisladora denunció que, en muchos casos, la incineración dolosa se utiliza como un mecanismo para eliminar rastros de delitos, “haciendo cenizas las esperanzas de las familias” y de las madres buscadoras.

Las modificaciones legales planteadas incluyen:

– Sanciones severas: Penas de 6 a 12 años de cárcel y multas de hasta 300 días para quien ordene o ejecute la cremación, ocultamiento o mutilación de cuerpos no identificados.

– Control Municipal: Obligar a los municipios a gestionar directamente los servicios funerarios y de cremación para asegurar un control minucioso que impida la destrucción de cuerpos vinculados a hechos ilícitos.

– Prohibición absoluta: Se establece que ningún resto humano reclamado o sin identidad conocida podrá ser incinerado o desintegrado bajo ninguna circunstancia.

Crisis de desapariciones: El panorama en 2026

El sustento de la reforma radica en las alarmantes cifras de seguridad que enfrenta la entidad este año. Según datos con corte al 30 de abril de 2026, México registra 133 mil 563 personas desaparecidas, de las cuales el 11% (14 mil 665 casos) corresponden exclusivamente al Estado de México.

La legisladora alertó que el perfil de mayor vulnerabilidad se concentra en mujeres de entre 15 y 19 años, víctimas potenciales de trata y explotación sexual.

Municipios con mayor incidencia (Enero-Mayo 2026)

Seis municipios concentran el 57% de los reportes de desaparición en la entidad durante los primeros cinco meses del año:

1. Tultitlán y Ecatepec: 8 casos cada uno.

2. Texcoco: 7 casos.

3. Nezahualcóyotl: 6 casos.

4. Toluca y Naucalpan: 5 casos cada uno.

El desafío de la identificación

El reporte legislativo también señala la existencia de más de 72 mil cuerpos sin identificar en el país, distribuidos en fosas comunes, cementerios y servicios funerarios. La diputada Felipe Torres enfatizó que las autoridades no deben minimizar estas cifras y exigió soluciones reales que respondan a las demandas de los colectivos de búsqueda.

” “La negativa constante de las autoridades contrasta con la realidad que viven a diario las familias”, sentenció la legisladora al urgir la regulación estricta de la entrada de cuerpos a crematorios privados y públicos.