El Diario de Juárez / Ciudad de México.- La Cámara de Diputados analiza una iniciativa de reforma para impedir que personas sentenciadas a prisión por delitos de violación, extorsión o genocidio, puedan purgar una condena en su domicilio.

Actualmente, la legislación mexicana otorga el derecho de pena alternativa a los reclusos cuando su estado de salud sea precaria o por senilidad, lo cual sólo excluye a los condenados por delitos de secuestro, trata de personas y delincuencia organizada.

En el proyecto, presentado por los diputados panistas Federico Döring Casar y Hernán Cortés Berumen, se afirma que la violación, la extorsión y el genocidio son actos altamente ofensivos para la sociedad, y quienes incurren en esos delitos merecen castigos ejemplares para inhibir que otras personas los cometan.

La propuesta, turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictamen, incluye reformar y armonizar el Código Penal Federal y la Ley General de Ejecución Penal.

También sugiere modificar ambas normas para estipular que quienes accedan al derecho de prisión domiciliaria cubran los gastos derivados de las medidas de seguridad, así como de su manutención durante el resto de la pena.

En casos de pena alternativa, el Estado se encuentra obligado a implementar un complejo sistema de vigilancia en los domicilios de quienes se han amparado en dicha garantía, se explica.

El mecanismo consta de circuitos cerrados de video vigilancia, trabajadores sociales que asisten constantemente a los sentenciados y elementos de seguridad apostados a las afueras de los domicilios las 24 horas del día.

A manera de ejemplo, los legisladores citaron los casos de Elba Ester Gordillo y el del narcotraficante Ernesto Fonseca Carrillo.

“Esto representa una erogación considerable para el Estado. En muchos casos, los gastos deberían correr por parte de los mismos solicitantes de prisión domiciliaria, en mayor medida, cuando se compruebe que cuentan con los recursos suficientes para cubrirlos”, según la iniciativa.

Además piden armonizar el Código Penal Federal y la Ley General de Ejecución Penal para precisar que no pueden acceder a la prisión domiciliaria quienes incurran en trata de personas y delincuencia organizada.