Coahuila.-Desde el 2021, el Gobierno Federal desapareció los recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS), que en Coahuila permitió adquirir unidades adaptadas para implementar el programa UNEDIF, pionero en el país, recibiendo un promedio de 10 millones de pesos anuales.

El diputado Alvaro Moreira Valdés (PRI) explicó que con el UNEDIF, en el sexenio estatal anterior se brindaron más de un millón de traslados de personas con algún de limitación para desplazarse a la escuela, al trabajo, a las terapias, al servicio médico, al cobro de pensiones y a actividades recreativas, entre otros destinos para mejorar su calidad de vida.

El Fondo se estableció en el 2011 para construir o ampliar infraestructura urbana incluyente o comprar unidades adaptadas con sujeción de sillas de ruedas para facilitar la movilidad de personas discapacitadas en unidades del transporte urbano, camionetas tipo van o vehículos sedán.

“
Los recursos se mantuvieron sin modificaciones significativas, hasta el periodo 2019 y 2020, en que cayeron 34 por ciento desde su asignación más alta contempladas en los años 2015 y 2016. Desde el 2021, ya no aparece en el Paquete Económico Federal”.

“
En Coahuila, este recurso ayudó a poner en marcha uno de los programas más importantes: UNEDIF para brindar movilidad a las personas que utilizan sillas de ruedas, que cuentan con taxímetro y operadores capacitados para ofrecer traslados seguros, asequibles y confiables”.

Desde hace 4 años, funciona solamente con recursos estatales ante la desaparición del FOTRADIS. La eliminación del presupuesto federal representa un duro golpe para las políticas de movilidad inclusiva implementadas en Coahuila y en otros estados.

“
En nuestra entidad, han sido el Estado y los municipios, quienes han invertido en la renovación y mantenimiento de vehículos para seguir prestando un servicio de calidad a las personas discapacitadas”.

Hace 4 años, se elevó a rango constitucional el derecho a la movilidad, en condiciones de seguridad, accesibilidad, sostenibilidad, inclusión e igualdad y la restitución del Fondo demostraría el compromiso federal para proteger los derechos de las personas con discapacidad.