Saltillo, Coah.- De uno a tres años de cárcel, multa de 50 a 500 salarios mínimos y destitución del cargo se aplicará contra servidores públicos que contraten y mantengan en el puesto en áreas relacionadas con la seguridad a personas que no hayan pasado el examen de control y confianza.

Iván Garza García, secretario técnico del Ejecutivo, entregó al Congreso del Estado la iniciativa para reformar el Código Penal y la Ley del Sistema de Seguridad Pública.

“Esta iniciativa prevé sanciones a quienes contraten personal en las áreas de seguridad que no satisfagan los procesos de evaluación de control de confianza.

“Son sanciones enfocadas a servidores públicos encargados de la designación y contratación de personal de seguridad y de procuración de justicia, no solamente a los servidores de recursos humanos o administrativos”.

El castigo alcanzaría al comisionado de Seguridad Pública, al procurador de Justicia y a los alcaldes.

“Se incluye un nuevo tipo penal tendiente a sancionar con prisión, multa, destitución e inhabilitación a todo servidor público que contrate indebidamente personal de seguridad pública o procuración de justicia que no haya satisfecho la evaluación de control de confianza.

“O bien –añadió– a quienes teniendo conocimiento de que un elemento en activo no haya acreditado la evaluación, no proceda a su destitución”.

El objetivo es evitar la contratación irregular de policías, garantizar que todos los elementos de las corporaciones sean confiables y evitar que personas que no aprobaron los exámenes de confianza colaboren en áreas vinculadas a la seguridad.

ch