Del Río.- Un jurado federal declaró culpables a tres hombres relacionados con una organización dedicada al tráfico de migrantes, a la que se atribuyen operaciones millonarias, homicidios y otros delitos violentos.

Los declarados culpables son Israel Ramirez-Perez y Ricardo Rojas Vazquez, quienes fueron encontrados responsables de conspiración y transporte de migrantes que derivó en una muerte, así como de conspirar para trasladar personas en condiciones que pusieron en peligro sus vidas.

Por su parte, David Christopher Ewell fue declarado culpable de conspiración y transporte de migrantes que resultó en una muerte, además de conspiración para trasladarlos en condiciones de riesgo.

De acuerdo con documentos judiciales y las pruebas presentadas durante el juicio, varios integrantes de la organización encabezada por Alejandro Santoyo-Guzman continuaron coordinando sus actividades incluso después de ser encarcelados en Oklahoma.

David Christopher Ewell participaba como facilitador del tráfico de personas junto con su pareja, Marcelina Truxillo Logan, mientras que Jessica Castillo Guzman se encargaba de administrar el flujo de dinero. Los testimonios y las evidencias indicaron que la estructura criminal generó más de cinco millones de dólares durante el periodo investigado.

Las investigaciones también señalaron que Ricardo Rojas Vazquez dirigía las operaciones de la organización en México y mantenía una sociedad en partes iguales con Santoyo-Guzman.

Por su parte, Israel Ramirez-Perez era el encargado de ejercer violencia contra quienes representaban un obstáculo para las actividades del grupo. Además, fue señalado por su participación en un secuestro, un intento de asesinato y un homicidio.

Entre las pruebas presentadas ante el jurado destacó el asesinato de Edgar Ponce Campos. Según las evidencias, Rojas Vazquez ordenó el crimen y Ramirez-Perez disparó en repetidas ocasiones contra la víctima.

Posteriormente, intentó deshacerse del cuerpo utilizando ácido; al no conseguirlo, lo colocó dentro de un vehículo, lo roció con gasolina y le prendió fuego. Las autoridades indicaron que Ramirez-Perez grabó el automóvil en llamas, disparó contra él y compartió el video con Santoyo-Guzman.

El fiscal afirmó que las organizaciones dedicadas al tráfico de migrantes anteponen sus ganancias a la seguridad y la vida de las personas. Advirtió que algunas recurren a la extorsión y las amenazas contra los migrantes y sus familiares para exigir pagos adicionales, además de utilizar viviendas en comunidades estadounidenses para ocultarlos y facilitar sus operaciones.

El caso fue procesado por los fiscales federales adjuntos Warsame Galaydh y Carli Tuttle, como parte de los esfuerzos de las autoridades para combatir las redes de tráfico de personas y los delitos violentos relacionados con ellas.